4. DIARIO DE COSTA RICA Sábado 22 de abril de 1978 Editorial Un Gobierno de coalición en actitud de buena fe Los distintos grupos políticos y empresariales del país, los sindicatos, los sectores intelectuales y profesionales y cuantos tienen algo que ver con el futuro de Costa Rica en sus puestos de dirección, están conscientes de que algo muy efervescente se mueve en el subsuelo humano, jurídico, económico y laboral que conviene hacer en el campo de la Integración Económica, del ensamblaje de vehículos y de otros artículos; tampoco se esclarecen los rumbos definitivos que deberían fijarse en un plan de desarrollo nacional capaz de garantizar que los sacrificios de hoy, tengan su contrapartida en los beneficios de mañana. El costo de la vida sube en espiral, la crisis laboral afecta a millares de desempleados o de empleados disfrazados, y las perspectivas son poco alentadoras.
borar a otros grupos para realizar las tareas del Estado. La oposición no podría, por este hecho, creer que le inflige una derrota al grupo oficial. ya en el ejercicio del poder por el plazo que resta para las elecciones dos años. conversar seria y responsablemente respecto a las peticiones hechas con el propósito de elegir una Asamblea Constituyente, que obviamente no sería la solución de los males de hoy, ni necesariamente la única salida airosa para vencer las dificultades, padecidas por la comunidad y provocadas por ella a través de una mayoría de sus dirigentes.
Las huelgas estallan ahora como las floraciones de mayo. Existe coincidencia en cuanto a los entrabamientos de la maquinaria administrativaestatal. La inflación nos carcome por la propia base. Las divisiones partidarias se reflejan en las organizaciones de oposición y de gobierno. Cada estamento sustenta conceptos singulares sobre la crisis institucional vivida por Costa Rica y todavía proyectándose en el área política, con el agravante de que en medio de esa coyuntura apareció la noticia de la operación ilegal de un grupo de hombres armados, ubicados en el Atlántico, lo cual motivó mayores inquietudes, no importa si estaban disponiéndose a actuar militarmente dentro o fuera del país, porque de cualquier forma cometían actos punibles.
Si este es el cuadro, debemos admitir que los responsables de él somos todos. Todos tenemos por consiguiente la responsabilidad de aportar buena fe y lealtad para Costa Rica, que está y ha de estar por encima de los partidos políticos, de las vanidades y de los complejos.
Algunos de estos hechos son circunstanciales y superables si hay una conducta sana de parte de todas las fracciones implicadas en los sucesos que tocan la esfera jurídica e institucional del país. Empero, otros hechos atañen al porvenir económico, fiscal y monetario de la sociedad.
La proposición hecha en los círculos gubernamentales para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, facilita la prueba fehaciente de las divisiones imperantes en el país. Ni en el gobierno ni en la oposición hay coincidencias totales a favor o en contra de la iniciativa. Ambos sectores con sus subdivisiones discrepan de buena fe porque es natural que en un planteamiento de tanta entidad haya matización de opiniones. es cuando uno se pregunta si en vista de las dificultades gigantes a que nos abocamos, no convendría que los partidos democráticos llegaran a un acuerdo con el de Gobierno para forjar una coalición patriótica y desinteresada a fin de iniciar una gran labor de reconstrucción y de previsión futurista.
La sugerencia está cargada de idealismo. Pero a los costarricenses nunca nos ha faltado el idealismo. Es, sin embargo, pragmática en un extremo: así se obtendría una unidad de intenciones en pro de la república.
Es cierto que una tal actitud conlleva sacrificios de vanidades y de intereses personales o de grupo: 1) El Gobierno llama a colaborar a quienes no son sus amigos políticos, pero se supone que la oposición aporta a los mejores, en el sentido griego de la selección de la excelencia y con un ánimo de servicio superior. En cierta medida, podría ser un reconocimiento gubernativo de debilidad, mas si se integra este gobierno de coalición en pos de una meta constructiva, aquel argumento habrá de marginarse, porque también hay lo siguiente: 2) La oposición, involucrada en este Gobierno, asume responsabilidades especiales: estaría incapacitada para enarbolar en la próxima campaña electoral la bandera que exalte las fallas del régimen.
En ese marco de concesiones y de renuncias mutuas, estaría la prueba irrefutable de la buena fe de los dos sectores, y la evidencia más fuerte de que ambos si ponen a Costa Rica por encima de cualesquiera otras consideraciones. Se atreverán a tanto?
El déficit del intercambio comercial con Centro América nos sigue siendo negativo. El déficit fiscal de este año, que podría llegar a 400 millones de colones y en todo caso no bajar de los 200 millones, se agrega como un espectro preocupante a los desasosiegos de la época. No termina de definirse una política industrial que establezca sin lugar a dudas qué es lo Habría que partir de algunos supuestos: colectivamente tenemos pecados. Todos asumimos el deber de dar alguna contribución a las urgentes soluciones. El partido de gobierno no debe sentirse enjuiciado si llama a colaJULIO SUÑOL Empleados públicos piden a Figueres que solucione problema de pago de aumentos En carta dirigida al Presidente Figueres con copia a tod:d los Ministros de Estado la Aso.
ciación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) le solicita al señor Figueres una solución al problema sobre el pago de las resoluciones dictadas nor a Dirección General de Servicio Civil.
Explican los empleados públt.
cos que desde hace mucho tiem po han venido gestionando el pa go de recalificaciones reasigna.
ciones y revaloraciones que con Tresponde por ley a los empleados públicos administrativos, se gún lo expresan. Añaden que se logró que el Servicio Civil dic tara las resoluciones y se hall contenido económico en la Asam blea Legislativa para el pago de las resoluciones, al obtenerse que se introdujera en la Ley de Pre supuesto, la norma 28.
Razonan luego los empleados públicos que por Ley el gobierno debe restituir a los empleados públicos el poder adquisitivo de BUS salarios cuando el indice de precios suba más del por cien to en un año.
Otro de los puntos expuestos por los empleados públicos al Presidente Figueres dice. La Ley de Salarios de la Administración Pública obliga 31 Poder Ejecutivo a financiar e.
sos aumentos de sueldo, y le da contenido económico mediante impuestos específicos, y no hay disposición legal alguna que exima al Estado de la obligación de mantener el poder de compra de los salarios de los empleados pú blicos. Es por ello que no podemos estar de acuerdo con el criterio exteriorizado por el Conse Jo de Gobierno en nota que en vió a la Asociación de Profeso.
res de Segunda EnseñanzaAPSE de que el articulo sexto de esta citada ley, le permita al Gobierno desatender la obligación de pagar las revaloraciones de puestos, ya que el mismo se refiere, específcamente, a asignaciones y reasigaciones.
Sostienen luego que la normy 28 del Presupuesto es para pagar las resoluciones a los em.
Fleados públicos administrati.
vos y no a los docentes, y aña den que también, los señores diputados y nosotros sabemos que la norma vigésimooctava no produciría más allá de 10. 000. 000 de colones en 1972, lo cual app.
nas alcanza para pagar las reysloraciones de los empleados públicos administrativos.
Luego la ANEP señala que hay una distinción jurídica en tre un empleado público admi.
nistrative ale ex docente, aceptar la situación si conside ramos que la partida correspon.
dlenie a nuestras revaloraciones, obtenida a través del dialogo se pretenda destinar a soluciones, a medias, las peticiones posteriores de los empleados públicos docentes.
Por las razones anteriormente expuesta con todo respeto pe.
HACEN DEMANDA ro con energia, demandamos que Se nos reconozca el derecho al Ya en la parte final de su ex pago de nuestra revaloración toposición al Presidente Figueres, tal desde el mes de enero de la ANEP expresa: este año. Porque de otra suerte Por todo lo anterior, queda se dará la impresión a los emclaramente establecido que si la pleados públicos administrativos ANEP tuvo oportunamente en que el mejor camino para contrevistas, conversaciones, audien seguir sus derechos es la vía de cias, y otro tipo de gestiones la huelga, y no del diálogo. Esto mediante las que logramos la colocaría a los drigentes en 18 comprensión de nuestros dere grave disyuntiva de aceptar a chos ante los señores diputados invitación que se nos hizo a de que incluyeron la norma tan clarar la huelga, ya que no otra tas veces citada para atender cosa significa la solución que el nuestra demanda, no podemos Gobierno le dio, en nuestro perahora aceptar que gran número juicio, a la huelga de los em.
de afiliados nuestros queden sin pleados públicos docentes.
su revaloración, porque nadie Creemos sinceramente, que, podría Justificar que el produc. respetando el régimen de dereto de dicha norma no nos corres ponde. Mucho menos se puede (Pasa a la página siguiente)
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