12 LA REPUBLICA, Jueves de noviembre de 1975 Losilla y Odio: Por su decisión: Retiraron reforma al 85 de Constitución Asamblea invita a una a violación constitucional sido la encargada de manejar todo este asunto.
RAFAEL ANGEL CALDERON Diputados considerados como de oposición al partido en el poder, fueron entrevistados por LA REPUBLICA sobre la decisión de la Asamblea Legislativa, en el sentido de archivar una acusación contra José Figueres y Gonzalo Solórzano por no haber declarado bienes cuando sirvieron puestos públicos en la administración 1970 1974.
Concretamente esa legislación promulgada en el gobierno de don Otilio Ulate regula este asunto en forma clara y es deseable que se le dé una plena aplicación de inmediato.
a sus Preguntado el diputado Arce Saénz sobre qué ha fallado en este caso para sancionar a quienes no declararon sus bienes, contesto. ha fallado la Contraloría.
Los diputados Roberto Losilla y Emiliano Odio retiraron ayer una moción que pretendía reformar el artículo 85 de la Constitución Politica Hay otras mociones que buscan esa reforma; una de los diputados del PASO, que ayer se empezó a discutir y otra del legislador Rodolfo Piza.
El rechazo lo hicieron en respuesta a la negativa de las universidades de aceptar esa reforma la que, según las instituciones de educación superior. atenta contra la autonomia universitaria.
El siguiente es el texto de la carta que Losilla y Odio le enviaron al presidente de la Asamblea. Lic. Alfonso Carro dando por retirada su moción: Una vez evacuada la consulta que el plenario de la Asamblea formuló los organismos correspondientes ae los Centros de Enseñanza Superior Universitaria a los señores ministros de Educación Pública, de Hacienda y de Planificación, en relación con la reforma al artículo 85 de la Constitución Política, nos permitimos rogarle que tenga por retirada la moción presentada por los Suscritos.
Esta decisión la fundamentamos en las siguientes razones: Los votos de los legisladores de Liberación Nacional, apoyados con los dos del PASO y dos de Unificación Nacional, impidieron que prosperara acusación alguna contra los citados ex funcionarios.
satisfaciera las necesidades de gastos e inversiones. En ningún momento estuvo en nuestra mente vulnerar, en forma alguna, con la aprobación de la moción. la autonomía de los centros universitarios. Suponer tal cosa, no sería sino mala fe. Cuando establecimos que un organismo coordinador regulado conforme la ley, determinaría la suma que aportara el Poder Ejecutivo y sus gastos e inversión, no estábamos haciendo otra cosa elevando al rango constitucional, para mayor seguridad de las mismas instituciones, un convenio suscrito por los tres rectores para coordinar con los ministros de Estado actividades de los respectivos centros de educación superior universitario Si actualmente no se considera que este comité de enlace vulnera la autonomia universitaria. no comprendemos el temor esbozado de que el comité con rango constitucional si iría a vulnerarla. Dejábamos a la ley la integración del organismo coordinador y sus funciones de modo tal que salvara cualquier sospecha de intervención en el gobierno y la administración de las universidades, porque consideramos que ese es el camino Irazado por la misma Constitución. No queremos prestarnos para que grupos interesados en promover agitación de carácter politiquero tomen como pretexto nuestra moción para llevar agua a Sus molinos. Preferimos acoger el deseo de los señores rectores de que las cosas queden como están.
Yo creo que si hubo violación a la Constitución Política, porque hay un artículo expresamente que los obliga a declarar bienes.
Estos señores fallaron al juramento constitucional porque no cumplieron con la Constitución en el caso concreto.
La solución para el futuro podria ser el de tipificar el delito en el Código Penal y ponerle sanción. Entonces no habría ningún argumento para decir que eso no es un delito. En caso de que se pudiera acusar a José Figueres ante los tribunales por haber violado la Constitución, usted lo acusania. mi juicio sera la Historia la que lo juzgue. Será la Historia la que lo va a culpar de muchos males en el país.
RODOLFO PIZA a Rodolfo Piza. acusador junto con José Miguel Corrales quien en plenario defendió la tesis de que no había delito dijo que archivar la acusación es invitar a otros a que violen la Constitución. JUAN JOSE ECHEVERRIA que Roberto Losilla, de Liberación Nacional, abogado y ex contralor general de la República, pidió tiempo para madurar una respuesta Rodolfo Piza Escalante, del Partido Nacional Independiente.
expresó: En este caso se han producido varias cosas que considero muy graves. Para empezar por la de aspecto formal, el presidente de la Asamblea de por sí y ante sí y en una actitud para mí arbitraria y absolutamente inexplicable en un hombre de derecho debiera poner precisamente el derecho por encima del interés político, le dio tramite al asunto de la acusación presentada por el diputado Corrales y por mi contra el ex presidente Figueres y el ex ministro Solórzano, en una forma totalmente irregular por llamarla de otra manera, violando inclusive las disposiciones del reglamento que le dan derecho a los propios acusados para hacerse presentes ante el plenario a hacer su defensa y que obligan a que las acusaciones se discutan en sesión secreta. Para poder ignorar esas disposiciones reglamentarias habría sido necesario por lo menos la votación de 38 votos requerida para reformar el reglamento.
Desde el momento en que existen las acciones al portador no existe ninguna forma viable para determinar el enriquecimiento sin causa.
por parte de los funcionarios públicos.
es no Rafael Angel Calderón Fournier, hijo del expresidente Rafael Angel Calderón Guardia (q. otro de los entrevistados. Se le preguntó que si existiendo alguna posibilidad de acusar a José Figueres por no haber declarado sus bienes él lo acusaría ante los tribunales.
contestó: mi juicio será la Historia la que lo juzgue. Estuvo en nuestro ánimo, al presentar la moción, el deseo sincero de resolver en forma definitiva el grave problema de la falta permanente de financiación de los centros de enseñanza superior universitaria. No se llegó a ello sino después de muchos meses de estudio y consultas para determinar la suma racional que Pide diputado Cierre de la Fábrica Nacional de Licores Otros entrevistados son Rodolfo Piza. del Partido Nacional Independiente.
Juan José Echeverría. del Partido Renovación Democrática y Jorge Luis Arce Sáenz de Unificación trejista.
Se hace necesario una reforma que permita un mayor control de las sociedades anónimas con acciones al portador y además establecer en la ley que los funcionarios que incumplan obligaciones como la declaración de bienes, por ese simple hecho, quedan obligados a solicitud de cualquier ciudadano, de demostrar ante los tribunales su no enriquecimiento ilícito, en otras palabras, establecer en la ley que el incumplimiento de la declaración de bienes implica una presunción luris tantum de que ha habido enriquecimiento ilegal.
Habría que pensar en una reforma para que se incluya en la obligación de declaración de bienes. no solamente a los funcionarios sino también a los ex funcionarios, como en el caso de Figueres y Solórzano, concluyó diciendo Juan José Echeverria.
La encuesta gira alrededor del precedente sentado la noche del martes al archivarse la acusación y la posibilidad de que otros funcionarios imiten a Figueres y a Solórzano y el peligro de que equis funcionario, apoyado en el poder político, pueda servirse de la forma en que funcionan las sociedades anónimas sin control alguno para obtener algún beneficio.
El siguiente es el resultado de la encuesta: En cuanto al fondo del asunto considero que lo que la Asamblea Legislativa hizo ayer (el martes)
fue nada menos que una invitación abierta a cualquier funcionario que goce de inmunidad para violar impunemente la Constitución y las leyes, y demostrar que en Costa Rica la justicia cae con todo su rigor sobre los más humildes pero nunca sobre los que tienen el poder en sus manos.
ASAMBLEA LEGISLATIVA JORGE LUIS ARCE Jorge Luis Arce Saénz, de Unificación trejista. dijo: En primer lugar hay que pensar en que el problema de la declaración de bienes al iniciar sus funciones y al terminarlas por parte de los altos funcionarios del Gobierno, es una disposición no solamente de carácter legal y contitucional sino fundamentalmente de carácter moral.
Abdenago Herrera Santiago Herrera El diputado Santiago Herrera Granados pide que cierren la Fábrica Nacional de Licores para iniciar como se debe una campaña moralizadora en Costa Rica.
Herrera dio declaraciones a LA REPUBLICA luego de que habló en la comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa sobre la poca eficacia, que, a su juicio, producen proyectos de ley tendientes a lograr una disminución en el consumo de bebidas alcohólicas.
Herrera defendió a los campesinos que la única diversión que tienen es tomarse dos tragos el fin de semana porque no les alcanza el dinero para otra cosa.
Se pronunció en contra de cualquier proyecto que busque disminuir el consumo de bebidas alcohólicas porque con proyectos de ese tipo no se va a lograr nada.
Expresó que cerrando la fábrica se podrían hacer mejores licores en pais.
El diputado Abdenago Herrera Carvajal manifestó que el cierre de la Fábrica Nacional de Licores es un asunto que hay que analizar. Hay que ver para ver qué se hace. dijo. Hay que pensar en los empleados de la fábrica y en lo que sufrirán sus familias agregó Herrera Carvajal. qué me dice del guaro de contrabando si cerramos la fábrica. quién va a controlar?
No, no, no; el asunto no es tan sencillo concluyó diciendo don Abdenago.
Si bien la Constitución Política en su artículo 193 establece esa obligación por parte del presidente de la República y otros funcionarios, existe la ley 1166 del siete de junio de 1950 que reglamenta el mencionado artículo constitucional y establece una serie de procedimientos que van desde la información por parte de la Contraloría a la Asamblea Legislativa del incumplimiento de los altos funcionarios, dentro de un plazo perentorio para que sean sancionados, hasta la destitución inmediata del cargo que corresponde a otros funcionarios de menor categoría.
La realidad ha sido esta ley ha encargado la vigilancia de este asunto a la Contraloría General de la República y esa dependencia ha El ministro de Salud, Dr. Herman Weinstok, a la izquierda, estuvo en la comisión de asuntos hacendarios de la Asamblea Legislativa contestando preguntas de los diputados sobre el proyecto de reforma a varios artículos de la ley orgánica del Ministerio de Salud. Weinstok llegó acompañado del asesor legal, Lic. Alfredo Robles, a la derecha. Se pretende con las modificaciones que se proponen, agilizar más el funcionamiento del Ministerio.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.