10 LA REPUBLICA. Sábado 22 de noviembre de 1975 LA REPUBLICA Rodrigo Madrigal Nieto, Director Julio Rodriguez Bolaños, Subdirector Yehudi Monestel Arce, Jefe de Redacción Alvaro Cedeño Gómez, Gerente General Do Re Ai La historia se repite.
000 ¿Quién informa al Presidente?
Allá por el año de 1968, si mal no recordamos, cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia y en Francia explotó la revolución de mayo, los diputados de Liberación Nacional se retiraron de la Asamblea Legislativa por divergencias en cuanto al presupuesto.
000 Después de idas y venidas, el diálogo se restableció, las aguas retornaron a su curso y la paz se asentó en Tiquicia.
000 Ahora, en 1975, son los diputados contrarios a Liberación Nacional los que se retiran del recinto parlamentario, por cuanto la lectura cotidiana del libro grueso de Petete les impide a los diputados de oposición intervenir en el debate.
000 Lo cierto es que el sistema de someter el presupuesto a la Asamblea Legislativa para que esta lo analice con criterio político, después que los técnicos lo han elaborado, siempre nos ha parecido antitécnico.
000 Sena preferible el camino Inverso: que, primeramente, los políticos determinen las grandes opciones del presupuesto nacional y, luego, los técnicos trabajen conforme a ellas, más o menos como se elabora el plan francés.
000 Se nos anuncia ahora que, si los diputados de oposición no asisten a la Asamblea Legislativa, don Daniel Oduber gobernará a punta de decretos.
000 Nadie sabe para quién trabaja. Fue don Pepe quien proclamó este sistema y es don Daniel, al parecer, quien se va a beneficiar.
000 ¿Cómo sería un gobierno de don Daniel a punta de decretos?
El Presidente de la República denunció, el pasado 11 de noviembre, que el Poder Judicial deja en libertad a la mayor parte de los delincuentes y que de unos 300 casos por especulación, los tribunales no habían resuelto ninguno.
El cargo no podía ser más grave. No era un ciudadano cualquiera sino el propio Presidente de la República, quien a nombre de uno de los Poderes del Estado, enjuiciaba y condenaba a los tribunales del país. No recordamos en los últimos lustros acusación más seria.
Dichosamente, la respuesta de la Corte, publicada el jueves pasado, fue categórica. Sin insultos, sin ironía maliciosa ni ataques personales, la Corte dio contestación a la denuncia presidencial y el cargo temerario quedó sepultado. Los argumentos de la Corte son inobjetables.
Si el Presidente dijo que unas 300 denuncias se encontraban sin resolución y el Ministro Jorge Sánchez había declarado, 15 días antes, que se trataba de 259, la Corte demuestra, después de una minuciosa investigación, que sólo eran 44 acusaciones, conforme lo expresa el propio Procurador Penal, Lic. Roberto Steiner.
Por otra parte, queda en entredicho la seriedad del Ministerio de Economía al demostrarse que si este estudió unos 259 casos, estos no pudieron enviarse a los tribunales por fallas en la vía administrativa, esto es, en el propio Ministerio que formuló esta acusación contra los tribunales.
En lo tocante a la grave denuncia sobre lenidad alcahuetería del Poder Judicial, al dejar en libertad a los delincuentes. la respuesta de la Corte es clara. Como el Presidente de la República sólo lanzó el cargo sin concretar ningún caso, la Corte pregunta si los presuntos responsables no habrán quedado en libertad por falta de pruebas o en virtud de excarcelación que las leyes otorgan, en cuyo caso corresponde al Poder Ejecutivo presentar el proyecto de ley correspondinte para disminuir estos beneficios. En cuanto a la falta de pruebas, bien sabe el país que el principal culpable de la impunidad reinante en Costa Rica es el propio Gobierno, dada la superficialidad con que se han llevado a cabo las investigaciones. No es sino hasta ahora con la labor de la Policia Técnica Judicial, bajo el mando de la Corte, cuando dichas investigaciones van a realizarse con sentido técnico.
La Corte demostró en forma definitiva respetuosa que el Presidente de la República fracasó en su intento de pasarle la cuenta a este Poder del Estado por el incremento de la delincuencia en el país. Quedan, sin embargo, varias conclusiones.
Primera, como queda dicho, el florecimiento prepotencia de los delincuentes en Costa Rica recae exclusivament bre actitud política de los últimos gobiernos y asambleas legislativas del país. Estos han visto el mal, pero han procedido con lentitud inenarrable sin coordinación.
Segunda, no es buen indice de orden y seriedad en la esfera de acción del Poder Ejecutivo que el Presidente de la República se presente ante los ciudadanos, lance fuertes cargos contra los tribunales y, al final, se compruebe que sus subordinados lo habían engañado con datos e informaciones erróneas. El desorden es tanto más patente cuando se comprueba que la inculpación del Ministerio de Economía contra el Poder Judicial recae directamente sobre su propio Ministerio y el titular de la cartera no se había tomado la molestia de verificar la seriedad de los datos.
Tercera, le inflige un grave daño a la moral pública y con ello, se estimula corrupción, cuando un Poder del Estado lanza graves acusaciones contra el Poder Judicial y, luego, se comprueba que carece de fundamento y que, por el contrario, era el acusador el que debía ser denunciado por deficiencias administrativas.
Debería el Presidente de la República pensar más detenidamente lo que dice y exigir un poco más de seriedad lealtad de parte de quienes lo informan para no cometer públicamente tan lamentables errores.
000 No es dificil imaginárselo.
000 Primer Decreto: El Presidente de la República, dada la clausura de la Asamblea, se verá obligado a salir del pais sin su consentimiento.
000 Segundo Decreto: Se tomarán medidas para reducir la burocracia en un 50 por ciento. La Comisión de Eficiencia Administrativa realizará el estudio pertinente, con el asesoramiento de la Oficina de Planificación.
000 se Tercer Decreto: El precio del azúcar se reduce en un 20 por ciento en el mercado interno a fin de equiparar a nuestro país con los del resto de o 000 Cuarto Decreto: Habida cuenta de los diversos juicios entablados en varios paises contra Robert Vesco y de su intromisión en la política nacional, sobre todo en la campaña política anterior, se ordena su extradición, de inmediato.
000 Quinto Decreto: Ningún ciudadano que haya ejercido la Presidencia de la República podrá ser reelegido, con excepción del suscrito.
000 Sexto Decreto: El Presidente de la República viajará en cualquier medio de locomoción, mas no podrá disponer de un avion particular, en aras de la austeridad fiscal.
000 POR FALTA DE QUORUM EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EL PRESIDENTE TENDRÁ QUE GOBERNAR POR DECRETO.
Séptimo Decreto: Se le exige a CODESA que explique las razones juridicas y económicas por las que pagó 16 millones de colones por adquirir un contrato que el Estado había concedido. También informará esta Institución sobre las personas favorecidas. Se encarga al Ministro de Economía brindar las explicaciones pertinentes. HAY 000 TIPOS CON SUERTE!
Octavo Decreto: Los recursos provenientes de la Asignación Familiar se dedicarán exclusivamente a la ayuda de los menesterosos y discriminados.
000 Noveno Decreto: El Presidente soy yo, no don Pepe.
000 Décimo Decreto: El candidato no es don Pepe. Es otro.
lale 000 Undécimo Decreto: En vista de que resulta muy comprometedor gobernar a punta de decretos, pues, dentro de este sistema, no caben las excusas, se ordena que todo vuelva a la normalidad y que se abra la Asamblea Legislativa.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.