Página EL INDUSTRIALJueves 29 de julio Editorial Desorden e injusticia en puestos públicos es posible por tratarse de una institución autónoma. En estas circunstancias, resulta mucho más fácil alcanzar ciertos beneficios especiales, como en efecto ha ocurrido.
Este estado de cosas no puede continuar. Este desorden y esta injusticia perjudican a un numeroso grupo de empleados públicos, que brantan las finanzas públicas y desquician la economía nacional. Por otra parte, los privilegios, las granjerías, las diferencias de este tipo, dentro de un mismo Estado, pueden ser, a la postre, fuente de violencia.
Bien ha hecho, por ello, el Gobierno en ponerle coto a este abuso y en esforzarse en equiparar los sueldos de las instituciones autónomas con los del Poder Central, lo que obliga, en las circunstancias actuales, a detener la escalada de privilegios a favor de los primeros, en contra de los segundos. Si sigue el ritmo actual, en cada convención colectiva, en cada huelga, en cada presión, seguirán aumentando los beneficios de los empleados de los entes descentralizados, con lo que la brecha se acrecenterá y la injusticia y el desorden serán más patentes y agobiantes. De qué sirve, por ejemplo, que el Gobierno Central acceda ciertas peticiones demandas salariales de sus empleados, con el fin de no agravar el déficit actual o de no estimular la inflación, si los entes descentralizados no tienen limites?
Conviene reparar, asimismo, en que la mayor parte de los problemas que ha sufrido el país, en estos años, por las huelgas frecuentes y las presiones provienen no tanto del Poder Ejecutivo, cuanto de las instituciones autónomas. Los empleados de estas se han acostumbrado a un régimen de favoritismo y a obtener, con relativa facilidad, lo que solicitan, aunque sea el Gobierno Central el que, a la postre, ha de dar la cara para financiarlas por medio de más altos tributos. los empresarios nos preocupan sobremanera estos hechos, pues somos las víctimas obligadas de este desorden y de estas injusticias, que se pagan generalmente con impuestos y con huelgas.
Dígase lo mismo de los consumidores, blanco favorito también de estas situaciones de injusticia y de esta anarquia.
no El Gobierno de la República ha adoptado la determinación de igualar, en materia de salarios, a los empleados del Gobierno Central con los de las instituciones autónomas.
Hasta ahora, no hay normas definitivas en este campo. Dado que las instituciones autónomas no siguen las directrices del Servicio Civil en cuanto a remuneraciones y otros aspectos en el orden administrativo, habida cuenta de su autonomia, cada una posee sus propias normas. Y, como son muchos los entes descentralizados, este es, por lo tanto, el reino de la anarquia. Cada uno de estos se guía por sus propios intereses y objetivos.
Por otra parte, generalmente los recursos del Gobierno Central son inferiores, relativamente, a los de las instituciones autónomas, ya que ha de satisfacer numerosas necesidades. No tiene, entonces, el Poder Ejecutivo la libertad ni los medios financieros para elevar sus salarios a la altura de los que devengan los empleados de las instituciones autónomas. Cuál es el efecto de esta situación? El desorden y la injusticia. Desorden, por cuanto no hay normas definidas, claras, aplicables a todas las dependencias del Estado, lo cual es causa de un grave derroche de recursos. Si cada institución se orienta según sus intereses y puntos de vista, en el campo salarial, el que sufre es el Estado y, en definitiva, los contribuyentes. Injusta es, por otra parte, esta situación porque no hay motivo alguno, ni administrativo, ni juridico, ni técnico, para que los funcionarios pertenecientes a las instituciones descentralizadas disfruten de un fuero especial, privilegiado, que no sólo se refleja en materia salarial, sino en lo tocante a otros beneficios.
Los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, no pagan la cuota obrera a la Institución, lo cual no es sino una flagrante violación a las leyes y un atentado contra la solidaridad social, cuyo máximo exponente ha de ser esta Institución y, en particular, sus empleados. En el Sistema Bancario Nacional, en el Instituto Nacional de Seguros y en la Caja los empleados gozan de varios privilegios, entre ellos la fácil concesión de créditos personales, lo que no existe en el Poder Central.
Podriamos citar otros casos que no viene a cuento comentar en el reducido espacio de un editorial.
Las relaciones entre los empleados del Poder Central y sus superiores se rigen, además, por normas jurídicas y administrativas precisas. El empleado está sometido a estipulaciones generales, que es dificil quebrantar. El empleado, en cambio, de los entes descentralizados, si bien ha de cumplir fielmente las normas juridicas generales del país, guarda una relación estrecha y personal casi familiar con sus superiores, lo que o Es hora, pues, de revisar con conciencia y energia estos hechos. La politica del dejar hacer, dejar pasar. para el de atrás sea el que arree no es propia de un gobierno responsable.
He aquí un grave problema nacional que exige una acción inmediata y a fondo, una decisión politica inquebrantable, si es que gobernar es algo más que aspirar a coquetear con los grupos de presión.
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