2. LA REPUBLICA EL INDUSTRIAL Domingo 22 de may Editorial ¿Quién paga los aumentos de salarios?
Estos han sido meses de peticiones de aumentos de salarios. Sea por necesidad, por convicción, por hábito o porque está próxima la campaña política, cuando los funcionarios están dispuestos a satisfacer las solicitudes para aumentar el patrimonio electoral de su partido.
Seguros de que, en estas épocas, cada político se convierte en un San Nicolás, máxime cuando le corresponde administrar recursos ajenos, en estos meses han abundado las peticiones sobre aumentos de salarios.
Generalmente, en estas circunstancias, cuando las partes se sientan a negociar el aumento de salarios, después de algunas intentonas de huelgas o de paros, se toman en cuenta los intereses de los solicitantes, así como las condiciones financieras del Estado, no el estado real de la economía del país y mucho menos la situación de las empresas, o bien, las posibilidades tributarias del pueblo.
Alguien debe pagar los impuestos. El Gobierno autoriza un aumento, pero alguien debe trabajar para producir los recursos necesarios o alguien debe pagar tributos para que el aumento otorgado por los funcionarios tenga sustento.
En estas condiciones, nos preguntamos si, a la hora de tomar tan serias decisiones, se toman en cuenta los derechos e intereses de los ciudadanos o los de los hombres de empresa.
Decimos esto porque, como empresarios, quedamos estupefactos ante la tranquilidad con que algunos funcionarios públicos resuelven otorgar aumentos, a veces muy elevados, sin ahondar en esos dos factores básicos: los impuestos y la capacidad de las empresas.
Los sindicatos presentan sus peticiones. El Gobierno las acoge, después de las amenazas de rigor de algunos dirigentes. De inmediato, comienza un trabajo de estira y encoge, en el que, entre porcentajes más y porcentajes menos, se compromete la economía nacional en centenares de millones de colones.
Es decir, todo depende del estado de ánimo o del mal dormir de algún funcionario o de la habilidad de un dirigente sindical, no de criterios técnicos. Se procede así a ojo de buen cubero, sin ahondar en las consecuencias de estas decisiones. Cómo se plensa financiar, por ejemplo, el aumento otorgado a los educadores, que desborda los 200 millones de colones? Aún no se sabe. Cómo encajan estos aumentos en un déficit superior a los mil millones de colones? Tampoco lo sabemos.
Se nos ha dicho que el déficit fiscal se puede financiar en parte mediante empréstitos extranjeros. Mas, las obligaciones contraídas son permanentes. Los créditos son transitorios. Si esto es así. qué se hará en el futuro?
Generalmente, cuando se trata de peticiones formuladas en las instituciones autónomas, se estudia la situación financiera real de la entidad.
Mas, también en estos casos, se desentienden los funcionarios de la economía nacional, de la capacidad tributaria de la nación, de la labor de las empresas nacionales. Vienen luego, por ello, los aumentos en las tasas o en las cuotas.
En síntesis, pareciera que ciertos criterios cientific cos no han penetrado aún en la toma de decisiones de los funcionarios públicos, a la hora de resolver peticiones de salarios, así como en otras oportunidades, sobre todo cuando se les ha de hacer frente a cuestiones en que aparece el interés electoral.
La conquista del favor electoral sigue siendo el gran principlo que rige las decisiones de nuestros politicos. Las resoluciones impopulares, pero téc.
nicas, aún no han hecho su aparición.
Si es necesario tecnificar los cuerpos de policia del país, según se ha dicho, también es preciso tecnificar a nuestros funcionarios públicos, cuando tienen que acometer la difícil empresa de atender las solicitudes o planteamientos de los sindicatos.
No nos oponemos al aumento de salarlos. El trabajador ha de recibir un salario Justo, que le ayude a satisfacer sus necesidades. Sin embargo, en todo momento ha de precederse con sentido realista, técnico, a fin de que ciertos aumentos no se conviertan en medidas contraproducentes que, a la postre, perjudican a la economía nacional y, por consiguiente, a sus propios beneficiarios. Quién paga los aumentos de salarios decretados por los funcionarios? El pueblo con sus impuestos y el empresarlo con su trabajo productivo.
Esta verdad de Perogrullo aún no domina la atención de algunos políticos costarricenses. Esta pregunta elemental aún no se formula.
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