Solo ¢224 millones ha recuperado el Estado por estafas realizadas por empresarios mediante el cobro de Certificados de Ahorro Tributario (CAT), un incentivo para exportaciones no tradicionales.
La cifra es ínfima al compararla con los ¢6.301 millones que recibieron apenas cuatro de las 44 compañías investigadas desde 1996. Aún más insignificante si se considera que entre 1998 y 1999 se pagaron ¢36.000 millones por estos incentivos a la exportación.
De acuerdo con la procuradora penal, Amira Suñol, lo recobrado es producto de un arreglo y de otro proceso.
El primero fue con la compañía Transacciones Oceánicas, representada por Adrián Castro Velázquez y Alfredo Acuña Calderón.
Ellos evitaron un juicio al concretar –en mayo del 2002– un arreglo con el Estado para pagar ¢194 millones en 60 cuotas a lo largo de cinco años.
Los ¢30 millones restantes provienen del valor de varias fincas ofrecidas por el empresario Miguel Valverde Mora, condenado a 10 años –en setiembre de 1999– con un procedimiento abreviado.
"Lo peor es que con la plata que se les dio ni siquiera crearon empresas o dejaron maquinaria. Todo se les fue en buena vida", manifestó Suñol.
Para ella, lo recomendable era permitir más arreglos con base en los criterios de los procuradores como “técnicos jurídicos”. Esta posibilidad de negociar fue limitada por el Poder Ejecutivo desde julio del año anterior.
Otras 14 firmas devolvieron al Ministerio de Hacienda pequeñas sumas por cobros que, aparentemente, duplicaron por error.
A la fecha, hay ocho empresarios condenados a prisión por estos delitos. Existen por lo menos cinco en fuga y otros más salieron antes de ser encausados, según datos proporcionados por el fiscal de delitos económicos, Wárner Molina.
Molina agregó que pese al gran empeño de los poderes Judicial y Ejecutivo, así como del Banco Central, se toparon con muchos obstáculos en las pesquisas.
Muy cortas
El ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, calificó de “muy satisfactoria” la tarea de persecución, pero la de recuperación “era aún más compleja”.
No obstante, una consultoría pagada por Seguridad en torno a las investigaciones señaló que la persecución pudo ser mejor.
El documento, de junio pasado, reveló que de 27 casos analizados, un 48 por ciento (13 investigaciones) fueron concluidas satisfactoriamente y con posibilidades de ganar ante un tribunal.
No obstante, un 15 por ciento fueron archivados por falta de pruebas y un 37 por ciento archivados o a “punto de perderse por deficiencias cometidas en la tramitación”.
Los últimos CAT se pagaron en 1999, aunque se mantienen otros incentivos con más controles.