En el juego de la democracia, la rendición de cuentas es un elemento esencial para que todo servidor público esté obligado a una prudente administración y un correcto manejo de los fondos confiados a él.
Sobre el tema existen innumerables textos y debates universitarios.
Esto está bien; es decir, cada vez los diversos órganos fiscalizadores de la función pública deben avanzar en tener mayores recursos (personal y legislación) que permitan una acción eficaz.
Sin embargo, hay otro elemento igualmente importante como contrapeso ante el ejercicio del poder de los gobernantes.
Bien podría llamarse "responsabilidad ciudadana".
Consiste en la actitud vigilante que debe tener el ciudadano común, el elector, el que paga tributos, usted o yo.
En este país, donde nadie ve ni oye nada, lo más acomodadizo para la gente es desentenderse de su entorno y hacerse de la vista gorda.
Quizás la falta de seguridad y el temor a represalias fundamenten tal actitud.
No obstante, en estos momentos de crisis moral e interminables hallazgos de actos de corrupción en la función pública y la empresa privada, es indispensable que los ciudadanos asuman una posición más activa.
Esto pasa por vigilar y denunciar aquellos indicios extraños o sospechosos sobre el comportamiento de los servidores públicos.
No en vano en los últimos días se divulgaron dos acontecimientos extraños, gracias a denuncias anónimas.
La primera fue la alerta que recibió la Fiscalía sobre un importante cantidad de documentos oficiales que estaban por salir de la CCSS en el auto del director jurídico. La indagación sigue su curso.
Otra denuncia anónima permitió a la SUGEF tomar cartas en el caso de las transferencias de Alcatel.
Ambos procesos tuvieron luego un amplio respaldo documental y testimonial.
La “responsabilidad ciudadana” funcionó en estos casos, pero, ¡ojo!, tampoco debe caerse en una mera cacería de brujas.