La empresa Riteve SyC deberá comparecer el próximo 12 de enero ante la comisión que analiza la posibilidad de anular el contrato que esa compañía tiene, con el MOPT, para realizar la revisión técnica de los vehículos del país por 10 años.
El proceso lo ejecutan tres profesionales que nombró el ministro de Transportes, Rándall Quirós Bustamante.
Riteve es una empresa de capital español-costarricense contratada para hacer la revisión obligatoria a partir de julio del 2002. Está conformada por la empresa ibérica Supervisión y Control y la nacional, TRANSAL.
Los cargos que el ministro solicitó indagar y que Riteve tendrá que debatir son:
Existen criterios de que la revisión no podría ser un monopolio del Estado.
Riteve SyC incurrió en eventuales errores en el poder que otorgó al presidente de la firma, José Luis López Rodríguez, para su representación.
Hubo una eventual variación en el capital de la empresa. Pasó de un 85 por ciento para Supervisión y Control y un 15 por ciento para TRANSAL a un 55 por ciento y un 45 por ciento, respectivamente.
Aparentemente, hay capital insuficiente de Riteve SyC en comparación con el prometido.
Una variación en el cartel que hizo el MOPT para adjudicar el contrato no incluyó como causa de anulación el que todas las estaciones no entraran a operar a tiempo..
Hubo arrendamiento de terrenos para las estaciones en lugar de la compra.
El Ministro explicó que la recomendación final que emita la comisión será elevada ante la Contraloría General de la República a fin de que decida si se anula el contrato, y no será él quien lo defina.
Movimiento aportó pruebas
El proceso es el resultado de negociaciones entre el Gobierno y el Movimiento Cívico Nacional, que es un grupo de sindicatos públicos y otros gremios que está en contra de la revisión técnica en manos de Riteve.
Eddy González, presidente de una asociación de talleres que pretenden brindar la revisión y que a su vez integra el Movimiento, indicó que aportaron prueba para el proceso.
Los documentos señalan, según González, que pronunciamientos internos del MOPT advirtieron la necesidad de anular el contrato ante las ganancias irracionales que tendría la empresa, además de que se violentó la ley por la forma de adjudicar el negocio a un solo operador.
González mostró además una carta del exviceministro de Transportes, Juan Mena, en la que declaraba que las ganancias de la empresa serían desproporcionadas.
Vilma Ibarra, vocera de Riteve, opinó que la empresa espera un proceso imparcial por parte de los integrantes de la comisión en el que les permitan documentar y justificar su defensa.
La vocera añadió que muchos de los argumentos expuestos ya se han aclarado. Mencionó que en el caso de las estaciones que empezaron tarde han probado quién fue el responsable de los atrasos incluso con documentos del MOPT.
Añadió que también han aclarado el poder del presidente de la empresa. "Son un rejuntado (los cargos), volver a lo que se ha dicho y crear una sombra de duda sobre la legalidad de la adjudicación", afirmó Ibarra.