Un proyecto para construir 132 apartamentos lleva casi tres años esperando los permisos para comenzar las obras.
Se trata de cuatro edificios que conformarán el Condado El Roble, en Guachipelín, Escazú.
Mauricio Ruiz, uno de los empresarios, dijo que desde el 2002 esperan obtener el aval.
"Represento a un grupo de inversionistas extranjeros, y en este caso estamos muy rezagados con los permisos de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena). Lo preocupante es que, para el día en que se pronuncien, tal vez ya no sea factible la obra", expresó.
Según Ruiz, ya obtuvieron los permisos o vistos buenos de otras instituciones.
"Los inversionistas están muy desilusionados de la perspectiva que el país les planteó. Los estudios preliminares determinaron que el proyecto tiene una vialidad muy alta.
"Imagínese un grupo que invierte en comprar un terreno costoso. Se hacen los estudios y se diseñan los planos, pero la obra se estanca por más de dos años y medio", acotó Ruiz.
José Luis Salinas, vicepresidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, indicó que en ese proyecto se despidieron a unos 300 obreros pues la construcción no comenzó cuando estaba planificada.
Ruiz añadió que hicieron otra obra, y que habían previsto que los obreros despedidos edificaran esa construcción.
Sin embargo, como los permisos se atrasaron, no pudieron reubicarlos en la segunda obra.
Razón
Eduardo Madrigal, director superior de la Setena, aseguró que el atraso no es culpa de esa institución, sino que se debe a razones externas.
"La gente se opone y presenta recursos de revocatoria, apelación, nulidad y amparo. Cuando esto ocurre tenemos que resolverlos", aseguró Madrigal.
En el caso de los recursos de amparo, pueden hacer que el otorgamiento de un permiso se paralice hasta por dos meses.
"Una vez que se presenta el estudio de impacto ambiental, puede ocurrir lo mismo, y ahí se van meses de meses, y la Setena no puede resolver", adujo.