Cuando el gobierno de Hugo Chávez decide algo no hay nada que valga para convencerlo de lo contrario, ni la ley.
En el 2003, las autoridades concluyeron que la finca Santa Rita (30.000 ha) estaba ociosa. Pusieron en duda que perteneciera a sus dueños, por lo que un contingente de soldados irrumpió en ella, desalojó a los ocupantes y repartió el terreno entre 300 campesinos.
Los propietarios nunca fueron notificados ni se les dio oportunidad de defenderse. Por eso, la Sala Constitucional les dio la razón y ordenó al gobierno desalojar a los campesinos.
Pero el gobierno se negó a acatar el fallo. Dos tribunales han tratado de ingresar a la propiedad pero los soldados no lo permiten.
El director del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Richard Vivas, fue claro: "(Eso) es un tecnicismo" y "el INTI no desaloja a nadie", según dijo al diario El Universal . El ministro de Agricultura, Antonio Albarrán, agregó: "no estamos en contradicción con el tribunal, pero estamos conscientes de la justicia social que tenemos que realizar allí".
Autoridad en duda. Para uno de los dueños, Rogelio Peña, "ya no está en tela de juicio el respeto a los derechos de un ciudadano común, sino la autoridad del máximo tribunal", dijo. "Para quitarle la finca a un narcotraficante debe haber un juicio y una sentencia definitiva, pero a nosotros los trabajadores honrados nos vulneran nuestros derechos y no nos permiten defendernos", agregó.
El gobierno usa otros argumentos para confiscar. Por ejemplo, La Marqueseña es un terreno de 8.490 has y en setiembre el gobierno decidió que es propiedad del Estado, no de la familia Azpúrua.
El argumento del gobierno es que los dueños de cualquier propiedad deben demostrar no solo que actualmente poseen el terreno, sino además presentar pruebas de que de 1845 (Independencia de Venezuela) en adelante este no era un terreno baldío del Estado.
En esa época, una ley obligaba a los dueños de tierras a registrarlas y aquellas que no lo fueran pasaban a ser propiedad estatal.
La familia Azpúrua asegura tener una certificación de un juez de entonces de que el terreno era propiedad privada.
El gobierno admite que era propiedad privada desde 1795, del marqués del Pumar, pero alega que "no fueron sus descendientes directos sino un sobrino quien por último tuvo en sus manos esas tierras", sin papeles de registro.
A juicio del gobierno, "la cadena que notifica que es propiedad privada está rota, por lo tanto son tierras de la Nación". La familia Azpúrua recibiría una compensación de 1.500 ha de su propio terreno; el caso continúa en disputa.