A la violencia y muertes que golpean diariamente a Iraq se suma la corrupción de funcionarios públicos y empresarios, que hicieron fiesta con fondos públicos iraquíes entre el 2003 y el 2004.
Un informe del inspector oficial del gobierno de Estados Unidos para Iraq, Stewart W. Bowen, denunció la semana pasada un fraude millonario y el destino incierto de más de $88 millones.
En algunos casos, las anomalías tuvieron consecuencias mortales. Una firma a la que se le pagó por adelantado para poner ascensores nuevos en un hospital solo arregló uno de los elevadores, que luego falló y mató tres personas.
Un programa para apoyar al equipo olímpico de boxeo de Iraq desembolsó $427.000, pero los encargados solo pudieron mostrar facturas por $127.000.
Se desconoce en manos de quién terminó el resto del dinero, pero entre $20.000 y $60.000 fueron a dar a un casino en Filipinas, donde un asistente militar lo perdió en un viaje con el equipo de boxeo.
En otros casos, comunidades enteras se vieron directamente afectadas. Una empresa recibió $108.000 para cambiar las tuberías y bombas de una piscina olímpica pero, en vez de hacer el trabajo, solo las limpió. "Se perdió el dinero (...) y no se pudo usar la piscina", indicó el informe.
Fuera de control. Otro ejemplo es una empresa a la que se le dieron $473.000 para instalar Internet en Ramadi. No obstante, nunca se confirmó si completó el trabajo, pues "ni siquiera sabemos exactamente dónde en Ramadi se iba a hacer", según admitió un encargado.
Gran parte del dinero para la reconstrucción de Iraq se administraba en efectivo, sin las más básicas normas de seguridad.
"(Para cuando empezaron los controles) decenas de millones en efectivo habían salido y entrado de la caja fuerte sin que nadie registrara quién depositó o sacó dinero y por qué", indicó el informe.
Los funcionarios tenían tanta libertad para manejar el dinero que uno guardó $2 millones en el baño de su oficina y otro mantuvo $678.000 en un casillero sin llave.
En una ocasión, un oficial tomó $100.000 de un compañero para lograr que sus cuentas cerraran.
Por otra parte, a 57 empleados militares y administrativos se les hicieron giros para pagarle a los contratistas, pero las firmas de 54 de ellos no son reconocibles.
Además, de $28 millones, solamente $6 millones llegaron a las empresas contratadas.
Fraude. El informe concluyó que hay indicaciones de fraude y no existen garantías de que no hubo "desperdicio y abuso". Por ello se abrió una investigación para tratar de sentar responsabilidades judiciales.
Las recomendaciones fueron que el embajador de Estados Unidos en Iraq recupere $571.000 de sobrepagos a varias empresas, y que el Comando General obtenga la documentación relacionada con los desembolsos.
Tras la invasión de Iraq, el dinero de la venta de petróleo y los bienes que se le quitaron a Sadam Husein se pusieron en un fondo para la reconstrucción del país.
La responsabilidad de administrar el dinero era de la junta provisional de gobierno que Estados Unidos instaló mientras Iraq elegía su propio gobierno.
Jim Mitchell, asistente del inspector general, explicó ayer a La Nación que esa junta ya no existe (desde el 2004) y las actuales autoridades están trabajando en corregir la falta de controles.
Sin embargo, explicó que en algunas ocasiones hubo fuertes intercambios con el anterior administrador de la junta, Paul Bremer, y el Departamento de Defensa.