Es injusto atribuir malas intenciones a los responsables del ICE y del gobierno de la República, en los periodos 1985 a 1993, en su actuación relativa a la permanencia transitoria de Millicom en el país. Todas aquellas actuaciones se basaron en la interpretación de la ley de aquel entonces, pues (i) las frecuencias fueron autorizadas, de buena fe y por costumbre administrativa, por la Oficina de Radio del Ministerio de Gobernación, y (ii) la interconexión al sistema nacional de telecomunicaciones fue autorizada por las autoridades del ICE, al amparo de la reglamentación vigente, y esta entidad cuenta con autonomía administrativa en relación con el gobierno de la República.
En el complejo camino del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, ha resaltado el nacimiento de la ahora bien conocida y popular telefonía celular. Pero en la década de los 80, esa tecnología era apenas incipiente a nivel mundial y no había sido probada en países más rurales y cruzados por numerosas cordilleras, como el nuestro.
Primeros pasos. Como rector del ICE en algunos de esos años, me correspondió participar en los primeros pasos de la telefonía celular en Costa Rica, considerada entonces como una telefonía para ricos, y no un recurso para masificar las comunicaciones.
Debo advertir que, congruentemente, los diferentes gobiernos, desde 1974 hasta 1994, se opusieron a que el ICE invirtiera en telefonía móvil, pues lo considera- ban un gasto suntuario, lo cual en aquella época era cierto.
Como el ICE ha sido pionero en el desarrollo tecnológico del país, buscó por diferentes formas que un sistema de ese tipo de telefonía se pudiera instalar, aunque fuera en una alianza estratégica con las empresas que en aquel entonces tuvieran tal tecnología.
Así, de 1984 a 1987, se discutió con diferentes proveedores y desarrolladores la posibilidad de hacer un emprendimiento conjunto, en que el ICE no invertiría dinero propio pero sí realizaría la explotación del servicio.
Se recurrió a un proceso licitatorio, al igual que se hace hoy, para escoger el socio estratégico. Esta licitación resultó infructuosa, pues el único oferente fue Millicom, que luego desistió de tal alianza, y posteriormente decidió realizar sola el proyecto. Hasta aquí llegó la participación del ICE, pues no había posibilidad real de que este invirtiera dinero propio en el desarrollo de un sistema de telefonía celular, ya que existía una importante escasez en las fuentes financieras de entonces.
Millicom siguió adelante con su proyecto y obtuvo licencia de explotación de algunas frecuencias, que la Oficina de Radio del Ministerio de Gobernación le había concedido a la compañía COMCEL.
Obtenidas las frecuencias, la empresa solicitó conexión de sus equipos al ICE, lo que se hizo basado en el reglamento telefónico que así lo autorizaba. De esta forma, esa empresa puso en funcionamiento un pequeño sistema de telefonía celular, que nunca superó los 3000 números, ni alcanzó cobertura nacional.
Por otra parte, la ley no contemplaba que el otorgar frecuencias de radio requiriera hacer una subasta o una licitación, y lo único que se podía cobrar es el canon anual que por el uso de tales frecuencias dispone la ley vigente. Por consiguiente, los que afirman que el Estado regaló dichas frecuencias faltan a la verdad.
Una ley especial. Después que entró en funcionamiento dicha telefonía celular, diferentes grupos expresaron que su operación era ilegal pues consideraban que la Ley de Radio no era un instrumento que fuera aplicable a dicho servicio. El asunto fue pasado a la Sala Constitucional en 1990, y su pronunciamiento, no rendido hasta 1993, les dio la razón y argumentó que se requería una ley especial para telecomunicaciones, la que no existe al día de hoy.
Como consecuencia de ese fallo, el ICE desconectó a los equipos Millicom y aceptó integrar a sus clientes a su propio sistema celular.
Finalmente, los responsables del ICE, de 1985 a 1993, fuimos indagados por la Fiscalía en forma exhaustiva, y el tribunal de instrucción respectivo resolvió que no había mérito para un juicio en nuestra contra, lo que confirma precisamente que los funcionarios públicos que participaron en este proceso, lo hicieron actuando de buena fe.