El paraíso de los asesinos es el nombre de una reciente película sobre los crímenes de mujeres en Guatemala y el nombre no podría describir mejor a ese país, en donde la inacción de la justicia la convierte en cómplice de la violencia.
El caso de María Isabel Veliz muestra por qué. En el 2001, la estudiante de 15 años apareció violada, amarrada con alambre de púas, acuchillada, estrangulada y con el rostro desfigurado por los golpes. Tenía el cráneo quebrado, al parecer por un hacha, quemaduras de cigarros en los brazos y las uñas volteadas.
A su mamá, Rosa Franco, las autoridades le devolvieron la ropa sin tomar muestras de sangre o semen. Ella le dio a los investigadores la lista de las últimas llamadas de la joven, pero no las investigaron.
El Ministerio Público tampoco fue a la casa donde se había visto el vehículo del que un testigo vio que arrastraron el cuerpo la joven. Por insistencia de la señora, un agente visitó la vivienda, pero no entró.
De hecho, cuando ella va al Ministerio Público, los investigadores le preguntan si tiene "alguna novedad". Lo que ellos sí investigaron fue a la víctima.
Según Amnistía Internacional, documentos del fiscal dicen que era una alumna irregular, vestía faldas cortas, estaba "interesada en las comisiones sobre ventas" de la tienda donde trabajaba en vacaciones y no iniciaba el día con una oración, como las demás "señoritas".
Cuatro años después, no se ha hecho ni un arresto, como es común en Guatemala.
Ineficientes. Más de la mitad de las investigaciones no logra descubrir ni siquiera el móvil del crimen, menos a los responsables.
Según la Procuraduría de Derechos Humanos, el 60 por ciento de los casos de mujeres se archivan como móvil desconocido.
Aún más, en los casos en que se determina un móvil y es "pasional" o relacionado con maras, el caso no es importante de esclarecer. Por otra parte, algunos crímenes involucran a policías.
Incluso los casos que llegan a la esfera judicial tienen poca posibilidad de encontrar justicia. La Fiscalía de la Mujer informó a Amnistía Internacional que, en el 2005, de 150 casos solo uno llegó a la etapa de condena.
Tal fracaso no es de extrañar: no se protege el lugar del delito para recabar pruebas, no realizan exámenes de laboratorio y no se ejecutan las órdenes de detención contra los sospechosos.
Además, la policía tarda horas en ir al lugar donde aparece un cadáver y espera de dos a tres días para aceptar denuncias de desaparición, lo cual dificulta hallar a la mujer o a los criminales.