El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tal como informamos el sábado anterior, aplicó multas de casi 10 millones de colones a dos empresas constructoras por no haber presentado a tiempo planes de trabajo satisfactorios y no haber nombrado un director ejecutivo idóneo para dirigir tareas de bacheo en la zona sur y en el Caribe. El atraso fue de 14 días. Esta es una noticia de interés público no tanto por el monto de la multa, incomparable con otras mucho más elevadas que, en diversas instituciones, han pasado en silencio, sino precisamente por el cobro en sí.
En el campo vial esta es, además, una grata noticia por cuanto indica un cambio de actitud. El tema es capital. Las denuncias, en las obras viales, sobre los atrasos injustificados, los trabajos a medio hacer, el incumplimiento del cartel, la mala calidad de los materiales, la chambonería, la falta de inspección de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el desdén de las indicaciones de Lanamme, el favoritismo político, o bien sobre mil y un pretextos, llenaron buena parte del espacio o del tiempo de los medios de comunicación. En esta materia, las denuncias de la Contraloría General de la República compitieron, por su calidad y cantidad, con los reportajes de la prensa. La falta de reacción de diferentes Gobiernos y, por supuesto, de las empresas constructoras explica, en gran parte, la crisis vial que, por varios años, hemos estado sufriendo.
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que, gracias a la imposición de un gravamen sobre los combustibles, en la administración Figueres Olsen (94-98), debió desaparecer el pretexto de la falta de recursos para emprender la modernización de la red vial. Sin embargo, a estos recursos se les dio otro destino, efecto, a la vez, de la inacción gubernamental en el campo fiscal. Así, la carencia real de recursos se combinó con la rutina del MOPT, y la crisis vial explotó. Sus consecuencias en el subdesarrollo del país y aun en la propia confianza de la gente en las instituciones públicas han sido manifiestas. Ahora, la recuperación del tiempo perdido exigirá de los contribuyentes y del Poder Ejecutivo un esfuerzo enorme, precisamente en un momento en que, por la miopía e inacción de las administraciones anteriores, es preciso hacerle frente a una serie de problemas nacionales acumulados, mientras la competencia internacional se torna más aguda.
Al parecer, el Gobierno actual y los diputados han cobrado conciencia de la crisis en todo lo concerniente a obra pública. Así lo manifiestan la reforma de la Ley de Concesión de Obra Pública en la Asamblea Legislativa -pese al atraso que significa la consulta ante la Sala Cuarta-, diversas declaraciones y proyectos de las autoridades del MOPT y, aunque parezca asunto de poca monta, que no lo es, la decisión de hacer cumplir la ley en cuanto a la aplicación de multas a las empresas constructoras que incumplan. Este aspecto es significativo por su relevancia legal y por cuanto indica, como expresamos, un cambio de actitud. Si se toma en cuenta que, recientemente, se han adjudicado licitaciones o la realización de obras a empresas que, en el pasado, fueron objeto de críticas por la Contraloría o por la prensa, el ejercicio de la autoridad y la aplicación de la ley sin complacencia y sin discriminación deben ser premisas fundamentales de aquí en adelante. Sin esta disposición moral y legal no podremos llegar a buen puerto en un campo de acción fundamental para el desarrollo del país, que decidirá, con otros de igual proyección estratégica, la suerte de la actual administración.