A Enrique González Rojas la libertad le alcanzó hasta la tarde del 18 de junio, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo capturaron en las afueras de su lugar de trabajo.
Dos semanas antes la Sala de Casación había confirmado la sentencia de seis años de cárcel por abusar de dos niñas y, aunque desde ese día los detectives conocían su paradero -era guarda en un conocido supermercado de Alajuela-, no pudieron detenerlo. Faltaba la orden de captura.
Aunque no es lo usual, los propios agentes se adelantaron al correo interno del Poder Judicial y acudieron al Tribunal con una copia del fallo de Casación.
En el mostrador pidieron que les extendieran una orden de captura, trámite que a la postre permitió una detención "en tiempo récord". De haber seguido su curso normal, la gestión habría tardado meses.
La tardanza en la emisión de las órdenes de captura -una vez que las sentencias quedan en firme- ha facilitado la desaparición de personas condenadas, reconoció el magistrado de la Sala de Casación, José Manuel Arroyo.
Así ocurrió con el educador Julio César Yatako Villavicencio y con el juez Gerardo Calero Miranda, quienes aprovecharon ese impasse para burlar las condenas dictadas en su contra.
Desaparecidos. A Yatako, exdirector del colegio de Cuatro Esquinas de Pococí, el Tribunal de Juicio de Guápiles le impuso 20 años de cárcel por violar a una mujer embarazada.
Pese a que desde el 13 de febrero el fallo quedó en firme, la orden de captura se giró hasta principios de abril. Para entonces el profesor había salido del país.
Lo hizo con su pasaporte pues para el 8 de marzo -día en que cruzó hacia Panamá por el puesto de Sixaola- no existía ninguna solicitud de aprehensión.
También se esfumó Gerardo Calero Miranda, un juez contravencional de Sarapiquí condenado a cinco años de cárcel por abusar de una colegiala de 14 años durante unas clases de teatro.
Calero dejó de asistir a su trabajo al trascender la firmeza de la sentencia. Para cuando el Tribunal de Juicio de Heredia dictó la orden de captura (el 19 de mayo) no había rastro alguno del hoy prófugo. En Migración y Extranjería no hay registros de que haya salido del país.
Intensa actividad. El año pasado los agentes de la sección de Capturas del OIJ (San José) dieron con 200 personas que andaban en la calle pese a tener pendiente el descuento de sentencias; este año han capturado a otros 70.
La labor es complicada. Ese grupo policial solo cuenta con nueve agentes, quienes además deben hacer guardias y participar como refuerzos en operativos.
Aun así, la semana pasada aprehendieron a ocho sujetos con sentencias en firme.
El viceministro de Seguridad Pública y exdirector del OIJ, Gerardo Láscarez, considera que la Sala de Casación debería hacer uso de herramientas legales para revocar el beneficio de la excarcelación al confirmar sentencias que conlleven una pena privativa de la libertad. "La captura debería ser inmediata; una vez que la sentencia queda confirmada.
"Tengo entendido que la Ley se lo permite (a la Sala)", declaró el viceministro Lázcarez.
Uno más. A Víctor Hugo Umaña Vargas los agentes del OIJ lo detuvieron en Vuelta de Jorco de Aserrí el lunes trasanterior, una vez que la Sala de Casación confirmó una sentencia de seis años de cárcel por tres abusos deshonestos.
Los investigadores dieron con el sujeto antes de que el Tribunal de Juicio de San José tuviera conocimiento de que la condena impuesta estaba en firme.
Antes de ir por él, los oficiales alertaron a los jueces sobre la diligencia. Al hoy sentenciado lo detuvieron el 18 de julio. No obstante, la orden de captura llegó a los agentes cinco días más tarde.