La prensa ha puesto en la agenda nacional un tema oculto en la cotidianeidad de muchas trabajadoras: ¿qué hacer ante un acoso u hostigamiento sexual en el trabajo?
A menudo oímos historias de sitios donde hay acosadores y las mujeres temen denunciar para no perder un trabajo porque tienen hijos, préstamos que pagar, en fin... la necesidad de un salario, que es precisamente lo que el patrono aprovecha en esa situación de desigualdad que facilita el abuso impune.
Para denunciar, una víctima requiere independencia económica, y eso es justamente lo que le falta a una empleada para poder denunciar a su patrono.
Lejana posibilidad. El tema ha vuelto a la palestra ante la posibilidad de que quien cometa el acoso sea un diputado, caso en el que la víctima no tiene casi ninguna posibilidad de ver resarcida su dignidad violada por la sentencia de un tribunal.
La Defensoría de los Habitantes –que se ocupa solo de la violación de derechos por parte de funcionarios públicos– no puede tramitar casos de acoso u hostigamiento sexual contra un diputado, pues la Procuraduría General de la República le señaló que los diputados no son funcionarios públicos.
Por otro lado, como los diputados gozan de inmunidad, no se les puede acusar en la vía penal, excepto que el Plenario Legislativo les levante esa inmunidad, lo cual no resulta fácil cuando en el ánimo pesa una razón partidista de protección ante el escándalo político.
El hecho se agrava si se toma en cuenta que los asesores de los diputados suelen estar nombrados en plazas de confianza, excluidas del Servicio Civil, lo cual hace que el diputado nombre y remueva asesores con su solicitud y la aprobación del Directorio Legislativo.
Solo una garantía. Entonces, lo que hoy debería discutir la Asamblea Legislativa es la reforma legal para que la inmunidad del diputado no se entienda como una patente de corso para hacer cualquier cosa con impunidad, sino simplemente como una garantía para actos que se deriven propiamente de su función investigadora y de control político y no como se cuenta que ha sucedido en el pasado, que algunos "padres de la patria" se han valido de su inmunidad hasta para esquivar juicios por choques automovilísticos.
El acoso y hostigamiento sexual son conductas reprochables, que deben ser penalizadas. Ninguna mujer, ningún ser humano, merece ver su dignidad avasallada; menos aún cuando median relaciones de poder como las que se da entre un subalterno y su patrono. La circunstancia actual es propicia para revisar la legislación y avanzar en la defensa efectiva de las personas víctimas del acoso sexual, con garantía real de sanción a quienes cometen tales hechos. El tema surgió en la Asamblea Legislativa, y es allí mismo donde está su solución.