El Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura llamó la atención mediante cartas a 18 dueños de edificios así declarados para que reparen daños detectados en esos bienes.
Con esto el Gobierno les exige que cumplan la obligación de cuidar y conservar ese patrimonio, según lo establece la Ley 7555 de patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica.
El "jalón de orejas" fue parejo: hay nueve llamadas de atención al sector privado, siete a ministerios, municipalidades o entidades estatales, y dos a la iglesia.
Responsabilidades. Patrimonio advierte en esas cartas de casos tan variados como la grave situación de deterioro de los centros educativos patrimoniales: paredes desplomadas o con fisuras, goteras, huecos en cielorrasos y hundimientos en pisos de madera, entre otros daños.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el responsable de 53 edificaciones patrimoniales y la mayoría presentan algún tipo de daño.
Esto viene siendo denunciado por Patrimonio desde el 2002, cuando emitió un informe en que estimaba que el MEP tenía que invertir ¢4.080 millones en el mantenimientos de sus escuelas y colegios patrimoniales.
Se reprendió al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), debido a que la antigua Estación del Ferrocarril al Atlántico en Cartago está en un visible estado de abandono.
Miguel Carabaguíaz, jerarca del Incofer, aseguró que está consciente de la situación, pero que la institución no tiene recursos para restaurarla. Sin embargo, está en reuniones con empresarios cartagineses para reparar la estación.
Patrimonio también denuncia trabajos incorrectos en bienes patrimoniales, filtraciones de agua, daños en fachadas, edificios olvidados y sucios, instalaciones eléctricas viejas y peligrosas e incluso robos en algunos bienes.
“Esto es producto del monitoreo hecho a los edificios declarados como patrimonio histórico y arquitectónico. Se han hecho inspecciones a 40 edificios patrimoniales y en estos 18 casos hemos tenido que mandar cartas para recordar a los dueños sus responsabilidades”, detalló Sandra Quirós, directora de Patrimonio.
El programa de monitoreo seguirá adelante, ya que Costa Rica ha declarado como patrimonio 423 edificaciones.
Incluso cárcel. Si los dueños no toman medidas para corregir los daños, el Centro de Patrimonio está obligado a hacer la denuncia ante la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público. Una de las sanciones posibles es la cárcel.
“No es cacería de brujas; nuestro interés es conservar el patrimonio del país”, dijo Quirós.