El editorial de La Nación planteó ayer dos interrogantes frontales sobre el proyecto de presupuesto nacional y la reforma fiscal: ¿Se podrán financiar razonablemente todas las necesidades del Estado? ¿Se requerirán nuevos impuestos?
Después de analizar minuciosamente las interrogantes y escudriñar la exposición de motivos del presupuesto nacional, concluí que el Gobierno tendrá suficientes recursos en el 2007 para remendar las desidias de su predecesor y satisfacer las carencias más apremiantes de la sociedad costarricense. Podrá, a la vez, lograr un superávit primario del 1,6% del PIB (sin intereses) y cerrar con un déficit financiero de solo el 2,3% del PIB. ¿Dónde está el "McGiver"?
El presupuesto no es austero; es balanceado. Contempla un aumento de gastos e inversiones del 32% para los ministerios prioritarios, gracias a una maroma realizada para postergar la madurez de ciertos títulos de deuda, y gracias, también, al incremento substancial en la recaudación de impuestos, certificado por la Contraloría. Ambos le permitirán financiar actividades como educación, salud, seguridad, trabajo, pobreza y buena parte de la infraestructura. La ministra de Transportes, Karla González (la divorciada más cotizada del año), estará muy feliz.
El ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, se la jugó muy bien. Presentó un presupuesto bien balanceado. Ahora podrá entrar y salir de la Asamblea con la frente en alto sin que nadie lo acuse de acoso fiscal. Pero si insiste en gastar más, tendrá que enfrentar nuevos cargos. Como dice en su exposición de motivos, el proyecto de presupuesto nacional logra un adecuado balance entre gastos prioritarios e ingresos existentes. ¿Para qué, entonces, necesita nuevos ingresos? Si se los concedieran, ¿aumentaría más el gasto? ¿No sería más conveniente para la clase media privatizar activos para enjugar las pérdidas del Banco Central y acelerar la reforma del Estado?
Yo quisiera pensar que el Gobierno no necesita más recursos para hacer una buena labor. Puede, si quiere, mejorar la calidad del gasto, estimular la eficiencia en sus dependencias y controlar el despilfarro. Y puede, desde luego, mejorar la recaudación. Pero me queda una inquietud. ¿Convendría reformar, de todos modos, la estructura tributaria para hacerla más justa, eficiente, moderna y equitativa? Es otra pregunta de fondo. Por ahora, no hay ninguna urgencia fiscal. Que no se precipiten los señores diputados a aprobar la reforma planteada ni se dejen intimidar por el argumento deleznable de una crisis fiscal inminente. Tiempo habrá de redactar Renta en verso y el IVA en prosa para que todos entiendan.