El país está tomando decisiones largamente pospuestas. Son decisiones complejas, algunas difíciles, pero de urgente atención ante las desafíos que los tiempos nos presentan en el campo del desarrollo y la competitividad.
Reiteradamente, La Nación se ha ocupado de ese tema. A veces ha ido más allá de la opinión y el diagnóstico fijando sus propias propuestas de cambio. En lo referente al ICE, tanto desde su página editorial como desde sus trincheras periodísticas, este medio ha sido especialmente puntilloso en dictar cómo deberían ser, según sus términos y sus intereses, tales propuestas de cambio.
Está bien que lo haga. En una democracia enriquecida por la discusión plural de los asuntos públicos, La Nación ha sido una voz atendible, respetable, pero no la poseedora de una única verdad. Con atención y respeto he leído la opinión editorial de este medio del lunes 28 de agosto. De algunas de las apreciaciones allí contenidas discrepo por considerarlas motivadas en un temor de este periódico, no siempre claramente explícito, de que el ICE desarrolle todo su poder transformador en beneficio del país.
Ese temor es claro cuando expresa: "Si al ICE se le dejara volar solo, sin amarras, podría elevarse demasiado y, después, nadie sería capaz de hacerle poner lo pies en la tierra". Esto parece más el reflejo de algún sesgo o prejuicio ideológico, cuando no una forma sutil de dejar encubierto otro tipo de reservas. Discrepamos radicalmente de esa opinión. Esta empresa, propiedad de todos los costarricenses, necesita satisfacer los imperiosos y largamente postergados requerimientos de inversión para la expansión y el mejoramiento de sus servicios.
Conviene recordar al respecto que con las actuales tasas de expansión de la demanda eléctrica, de un 5,5 % anual, el país está obligado a duplicar su capacidad de generación cada 13 años. En telecomunicaciones, el vertiginoso desarrollo tecnológico demanda inversiones constantes para la modernización y la expansión. En consecuencia, para el desarrollo nacional es fundamental dar al ICE una capacidad adecuada de endeudamiento que, como es de todos conocido, la institución honra con sus ingresos.
Las inversiones para construir infraestructura en estas dos áreas vitales para la competitividad y el desarrollo nacionales –la electricidad y las telecomunicaciones– quedan aseguradas al permitirle al ICE incrementar su nivel de endeudamiento, sin autorización de las autoridades económicas, en un 9,7 % anual durante el presente quinquenio.
El acuerdo en la fórmula de endeudamiento para las inversiones del ICE, negociado por la Presidencia Ejecutiva y los gerentes, con los jerarcas del Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el MINAE, va precisamente en esa dirección.
Rendir cuentas. Para el país, es esencial que el ICE pueda afrontar un eventual entorno competitivo desde una posición de fortaleza. Solamente así será posible asegurar la calidad y los precios, evitando posibles monopolios privados que –tal y como lo perciben los costarricenses– son una alternativa peor al monopolio estatal que se critica.
Es claro para todos que ayer, hoy y en el futuro, las consecuencias del desempeño del ICE impactan al país entero. Un ICE anclado, restringido, amarrado, en tiempos en los que el país requiere que se desempeñe con otros instrumentos, podría ser fácil presa de competidores privados agresivos que no tienen obligación de rendir cuentas a nadie.
El ICE sí tiene que rendir cuentas. Por eso, pensar en darle libertad y capacidad de acción no debería causar temores como los que expresa La Nación . Los ciudadanos, los usuarios de sus servicios, las instituciones de regulación y control, y los medios de comunicación, estarán siempre exigiendo resultados y demandando cuentas claras y transparencia. Así será.
Hoy, de cara a la modernización, nos toca impulsar cambios y modificaciones que le devuelvan muchas de las herramientas que tuvo en sus orígenes y con las cuales el ICE labró la obra mayúscula que afortunadamente todavía el país disfruta.