Empresas privadas y el ICE deberán aportar dinero para un fondo que financiaría la prestación de servicios a zonas y poblaciones de baja rentabilidad, según el proyecto de "Ley General de Telecomunicaciones" que acaba de afinar el Gobierno.
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) es la solución que las autoridades plantean para evitar que la apertura en el monopolio estatal de las telecomunicaciones deje por fuera a sectores que no serían atractivos en un mercado liberado.
Así consta en el plan de ley que será presentado el lunes al mandatario Óscar Arias, con la intención de que la semana siguiente sea remitido al Congreso.
En una entrevista con este diario, el ministro de Ambiente y Energía y rector de las telecomunicaciones, Roberto Dobles, aseguró que el texto no sufrirá cambios sustanciales antes de arribar a la Asamblea Legislativa.
Fonatel recibiría por ley entre el 3% y el 6% de los ingresos brutos de las empresas que den servicios de telecomunicaciones. De ahí saldría el dinero para pagar al operador que dé telefonía o Internet en zonas rurales de poco mercado, en escuelas, hospitales o a poblaciones vulnerables.
El fondo lo manejaría la Superintencia de Telecomunicaciones (Sutel), el “árbitro” que esta misma ley crearía para regular un mercado abierto. El dinero, por mandato legal, deberá estar colocado en un banco del Estado, explicó Nelly Vargas, asesora en la confección del plan de ley.
El proyecto establece la ruptura del monopolio que el ICE tiene sobre las telecomunicaciones, lo cual coincide con el compromiso que el país adquirió al firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aún sin ratificación legislativa.
La iniciativa de ley llegará a la Asamblea Legislativa emparejada con la “Ley de fortalecimiento y modernización de las empresas del sector telecomunicaciones”, que absorbió al proyecto de modernización del ICE y también se remitiría la próxima semana al Congreso.
El plan de fortalecimiento ahora incluye reformas al Ministerio de Ambiente y Energía, que asume la rectoría de telecomunicaciones y se llamará entonces “Minaet”.
Además, se proponen cambios en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) porque debería asumir a la “Sutel”.
Entre todos. El Fonatel empezaría a formarse, explicó Vargas, con $8 millones que el Banco Mundial aportará para iniciar y con una monto impreciso que ahora está diluido entre las finanzas del ICE.
Del fondo saldría el financiamiento para proyectos que “Sutel” considere necesarios y ofrezca mediante concursos públicos. Es probable que sea el Instituto el que asuma esos proyectos, por tener ya la infraestructura y estudios técnicos, argumentó Roberto Dobles.
El ICE, sin embargo, sería solamente un operador más en el mercado, para lo cual contaría con mayores márgenes de endeudamiento a fin de invertir y más libertad en contratación administrativa. Podría, incluso, aliarse con otras firmas y operar fuera del país.
Para el próximo quinquenio podrá endeudarse por hasta $700 millones, aunque defensores del ICE estimaron la suma “insuficiente”.
Pero no todo son ventajas para la entidad, pues tendría que empezar a pagar impuestos sobre sus ganancias en negocios como la venta de telefonía, sometidos a la competencia con operadores privados.
El Ministro evitó mencionar expectativas de plazos para la apertura en telecomunicaciones y solo se atrevió a decir que espera ver el proceso listo en estos cuatro años. “Dependerá principalmente del trámite legislativo”, afirmó.
Nelly Vargas dijo que la ley no establece plazos de apertura a partir de su aprobación, sino que sigue los que establece el TLC en su anexo 13. El Tratado, sin embargo, dice que al menos la Superintendencia debía estar lista el 1.° de enero del 2006, hace ocho meses.
El proyecto de ley es resultado de insumos de textos como el que trabajó el Gobierno anterior, otro que aportó la Universidad de Costa Rica y otro de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
“(La Ley General de Telecomunicaciones ) es una ley con visión de futuro, que regula incluso lo que aún no tenemos en el país. Además tiene objetivos sociales y de desarrollo muy exigentes”, opinó el ministro Dobles.