La agresión contra el subgerente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Ramírez, según se informó ayer, pone de manifiesto el estado de ánimo de quienes, en el seno de esta institución, no se avienen con una política interna de transparencia en las informaciones. Al parecer, el principio democrático de la publicidad y del derecho a la información, ratificado recientemente por la Sala Constitucional, en situaciones parecidas, cuando algunos jerarcas pretendieron acallar a sus subalternos, no ha calado en algunos funcionarios del INS.
La agresión física suele ser el siguiente paso de la agresión verbal. Si aquella debe ser condenada, esta, su antecedente, reiterada y esgrimida como argumento único para refutar las denuncias de corrupción o para ocultarlas, debe ser también objeto de denuncia y censura. El presidente de la Unión de Personal del INS (UPINS) ha dado muestras inequívocas de este estilo agresivo. Uno de sus blancos predilectos ha sido el periódico La Nación por el pecado, a juzgar por su ira, de haber denunciado las anomalías con los reaseguros, lo que, más bien, debió causarle sonrojo, como funcionario de esta institución y dirigente sindical. Aún más, debió haber levantado esta bandera, en prenda de su preocupación por el INS, cuyo enemigo no es el fantasma de la privatización, sino, entre otros, el temor a la investigación y a una información clara y objetiva, como la que hemos ventilado ante el país, y cuyos secretos se guardan, por lo visto, en féretros de siete llaves en el exterior.
Una vez ganado el recurso de amparo contra el INS, en la administración anterior, para revisar las actas de esta institución, en lo concerniente a los reaseguros, su presidente ejecutivo, Luis Javier Guier, suministró la información pertinente. A partir de ahí, comenzaron a caer los velos, gracias a la labor investigativa de este periódico. En la nueva administración del INS, a partir de mayo pasado, siendo presidente ejecutivo Guillermo Constenla, el principio de la publicidad y del derecho a informar y a ser informado se ha cumplido fielmente, pese a las andanadas –y a los temores– de los amantes del secreto. Esta ha sido, además, la tónica en ciertos círculos, a partir de las graves denuncias por actos de corrupción contra altos dirigentes políticos y exgobernantes. Próximos a cumplir 60 años de vida, el 12 de octubre próximo, como periódico independiente y profesional, estas reacciones nos honran y estimulan.
La batalla de la publicidad y de la libertad de expresión, sin embargo, no se ha ganado. La nueva legislación para reforzar la libertad de prensa y ponerla al día, tal como lo han hecho otros países democráticos, aún yace en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el citado dirigente sindical del INS y un miembro de la Junta Directiva, no obstante la magnitud de las denuncias conocidas, se preguntan, azorados, "cuál es la intención de sacar todas las cosas malas", cuando “el INS no es la única institución del Estado que tiene basura en las bodegas” o por qué “se afecta su imagen”, lo que podría “encarecer la negociación los reaseguros”. (Nota al margen y entre paréntesis: si las irregularidades se esconden, los reaseguros se abaratan).
No podemos aceptar, desde ningún punto de vista, estas declaraciones. Sus autores no tienen idea, al parecer, del significado y responsabilidad de una institución pública y tampoco de sus deberes en ella, razón de más para seguir adelante en el camino emprendido. El juego del escondite, la impunidad, el temor y un falso concepto de la imagen no son, que sepamos, los reaseguros morales que el pueblo de Costa Rica espera de sus funcionarios y dirigentes sindicales.