Informamos ayer sobre una investigación del ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, para determinar quiénes en Migración, y por qué, autorizaron, entre 1998 y el año 2000, unas 10. 000 visas a colombianos en un lapso de 30 meses, correspondientes a un promedio de 11 por día. ¿Altruismo, filantropía, descuido, precipitación, o bien lo que el buen juicio y un elemental sentido ético hace sospechar?
Este es apenas otro capítulo –al parecer, no el último– sobre el estado de inseguridad de bienes y personas en nuestro país, en los últimos ocho años. Los otros capítulos se encuentran en la serie informativa en esta materia, a partir del 8 de mayo pasado, sobre la desastrosa administración y conducción anterior del Ministerio de Seguridad Pública, y, por lo tanto, de su incapacidad para hacerles frente a la delincuencias y a las mafias del narcotráfico y del contrabando. La puesta en marcha de un sistema de seguridad eficaz y eficiente costará mucho tiempo y recursos, además de muy graves quebrantos, dado el avance, en número y tecnología, de todo orden, de la criminalidad y de la delincuencia común.
Asimismo, informamos ayer, a partir de un informe de la Contraloría General de la República, sobre la ausencia de criterios elementales en la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS), en cuanto a la adquisición de aceleradores lineales. Se compró solo uno, en el 2003, que no ha logrado satisfacer la elevada demanda por falta de planeamiento. Esto explica por qué esta institución paga un millón de dólares al año actualmente a una empresa privada por la atención de 600 enfermos de cáncer. Este aparato, además, se compró con cuatro años de retraso y se puso a funcionar más de 12 meses después de lo previsto. Los porqués de estas demoras no requieren ningún estudio técnico. Basta compararlas con la celeridad con que se tramitaron el crédito y su ampliación, así como las compras concomitantes de equipo médico en Finlandia, o bien la culminación o tramitación de ciertos proyectos en el gobierno de 1998 al 2002. También aquí tiene la nueva administración de la CCSS un desafío gigantesco.
Volveremos sobre estos asuntos, dada su trascendencia. Sea suficiente, por ahora, preguntarnos qué hubiera pasado si la prensa no hubiese informado sobre esta ya larga historia de ineficiencia, anomalías y pésima gestión pública. Todo habría quedado remansado en el silencio y la impunidad, objetivo predilecto, al parecer, de algunas personas –actores y amigos– que, en estos años, y cada vez con más tesón y una buena dosis de cinismo, censuran a la prensa, en particular a La Nación , por "empañar la imagen del país", por “causar desánimo a los costarricenses con tantas noticias negativas” o por quebrantar, con sus reportajes, los derechos humanos. Es una minoría interesada la que así reacciona, pero es preciso salirle al paso a fin de que, si, desventuradamente, algunos han perdido el sentido de culpa, no ocurra que también se desdibujen las fronteras entre lo bueno y lo malo en nuestro país.
Seguiremos informando sin temor y con objetividad. Seguiremos dando la cara, en el genuino sentido del término, convencidos de que esta es la mejor forma de hacer periodismo y de fortalecer la imagen de nuestro país. No es la publicidad o la información veraz las que manchan el prestigio del país o desalientan a la gente, sino, por el contrario, la terrible alianza entre la impunidad y el cinismo, más cuando algunos la corean con entusiasmo y extraña fidelidad.