El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga a varios educadores de Cartago por cobrar incapacidades a dos instituciones en forma simultánea.
Al parecer, estos educadores primero solicitaban una licencia por enfermedad y luego la cobraban tanto en el Ministerio de Educación Pública (MEP) como en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Fue esta última institución, precisamente, la que denunció la anomalía. Así lo confirmó ayer William Rodríguez, del departamento legal de la Caja.
Por su parte, José Lino Rodríguez, viceministro administrativo de Educación, declinó profundizar en el caso. Se limitó a decir que la investigación se encuentra en manos de la Policía Judicial.
Agentes del OIJ allanaron la semana pasada la Dirección Regional del MEP en Cartago, el área de salud y una escuela local, con el propósito de recopilar evidencia.
Las autoridades todavía desconocen la cantidad de dinero que se pagó de más y el número de docentes involucrados.
Guillermo Azofeifa, director de los EBAIS de Cartago, tampoco quiso referirse al tema para no entorpecer las investigaciones. No obstante, afirmó: "Hemos colaborado en todo".
Fuera del país. Trascendió que la directora de una escuela cartaginesa, que al parecer cobró incapacidades dobles, salió del territorio nacional desde hace varias semanas.
Las autoridades judiciales consideran que esta docente “es clave” para la investigación, y presumen que abandonó Costa Rica al enterarse de la denuncia de la Caja.
El OIJ también investiga aparentes cobros de incapacidades efectuados por particulares que se hicieron pasar por profesores.
Al parecer, estas personas falsificaron documentos no solo para simular ser docentes, sino también para fingir que sufrían alguna enfermedad.
Las autoridades realizan una minuciosa revisión de las incapacidades incautadas durante los allanamientos con el propósito de precisar el número de particulares que están involucrados.
Más. No es la primera vez que maestros o particulares cobran al MEP dinero que no les corresponde.
Entre junio del 2005 y junio de este año, esa cartera pagó ¢60 millones a particulares que se hicieron pasar por profesores.
Por este hecho, renunciaron dos funcionarios del departamento de personal del MEP, quienes ingresaban al sistema de pagos y hacían “nombramientos fantasmas”.