El modelo liberal de desarrollo funciona. La empresa privada produce riqueza y bienestar para la mayoría. Los costarricenses de buena fe debemos defenderlo de los nostálgicos partidarios del no , para quienes todo tiempo pasado fue mejor. Costa Rica tiene un próspero futuro pese a ese aullido agorero; para muestra, el puerto de Caldera.
Tan solo 50 días después de asumir la administración del puerto, el consorcio colombiano-costarricense (Sociedad Portuaria de Caldera, SPC) ha demostrado una sustancial mejora en la eficiencia de la gestión portuaria. Sin mayor inversión, los concesionarios aumentaron la productividad en más del 60% tanto en el manejo de carga a granel como en el de contenedores.
Mientras en agosto y setiembre del 2005, el Incop movió 325 toneladas de carga a granel por hora, en los 50 días desde el 12 de agosto cuando asumieron la operación, los concesionarios trasladaron 528 tm por hora: un 63% más eficientes. Un extraordinario incremento en la productividad del puerto se observó también en el manejo de furgones. En esos mismos meses del 2005, bajo la administración pública se efectuaron 17 movimientos por hora, ahora la SPC mueve 28 por hora. Pero lo más sorprendente no es el aumento en la productividad. Lo más revelador es que lo hayan logrado con el mismo equipo y con menos trabajadores de los mismos. Las mejoras en el funcionamiento de puerto Caldera se han logrado, a la fecha, a punta de mejor gestión. Una vez que completen las inversiones planeadas, los beneficios se multiplicarán.
El beneficio de un puerto más eficiente lo disfrutamos todos: Estado, trabajadores, comunidad y, sobre todo, los consumidores.
El Estado ya está percibiendo beneficios. La planilla del Incop se redujo en un 94%. El costo de la convención colectiva, $5 millones de dólares, desapareció de las cuentas estatales. Esto disminuyó el presupuesto de la institución en un 82% y generará un impacto positivo en las finanzas públicas de más de ¢7.000 millones. En estos 50 días, el canon a favor del Estado ronda los $240.000 dólares y se estima que llegará a $2,3 millones al año.
Pero, además del Estado, los trabajadores también disfrutan ya de los beneficios de la concesión. Más de 600 extrabajadores del Incop se organizaron en cuatro cooperativas y dos empresas que compiten por brindar servicios al concesionario. Este, a su vez, mantuvo en planilla a 100 de los extrabajadores. Los trabajadores recibieron sus prestaciones y una sustanciosa indemnización. Muchos mantienen su fuente original de ingreso, su trabajo, pero ahora como socios de una empresa prestataria de servicios o como miembros de una cooperativa. Otros, con la indemnización, montaron pequeñas empresas que generan empleo en la zona.
Las comunidades de Esparza y Puntarenas se benefician no solo con el incremento en el empleo de la mayor actividad económica. Si no, además reciben recursos del impuesto de $0,60 por tonelada movilizada en el puerto. En los 50 días de administración privada se han movilizado casi 280.000 toneladas, solo de carga a granel, que le representan a las municipalidades de Esparza y Puntarenas unos $167.000.
Aplaudo que, con la concesión del puerto, el Estado reduzca sus gastos y aumente sus ingresos. Celebro que los trabajadores mejoren su condiciones laborales y que un puerto eficiente ayude al desarrollo de Esparza y Puntarenas. Pero lo que realmente me llena de esperanza es que el consumidor costarricense vea disminuir el costo de su dieta básica (el 75% de los granos se importan por Caldera). Esta reducción deberá ocurrir pronto.
En solo 50 días, la espera promedio de un barco en bahía en Caldera se ha reducido de tres a dos días. El importador paga unos $15.000 por cada día de espera del barco. En última instancia, este innecesario costo se le traslada al consumidor. En un ambiente competitivo de comercio de granos, la reducción del tiempo en bahía redundaría, casi de inmediato, en menores precios finales para los consumidores. Si, por condiciones monopolísticas de ese mercado, la eficiencia del puerto aún no se ha trasladado al consumidor, las autoridades deben intervenir.
La transformación del puerto de Caldera se nota en solo 50 días. Tardamos más de cinco años en concretar la concesión. Por más que aúllen los agoreros, no perdamos tanto tiempo en el de Limón.n