La CCSS presta edificios y equipo gratis a tres empresas, además de pagarles incentivos y ajustes millonarios y hacerles descuentos no previstos en los contratos.
A cambio de dar esos beneficios, la Caja Costarricense de Seguro Social no recibió rebajas en las tarifas que paga por los servicios de esas firmas.
La institución gira más de ¢8.300 millones anuales a Coopesaín, Coopesalud y Coopesiba por encargarse de los servicios que dan las clínicas y Ebais de Tibás, Pavas y Barva, respectivamente.
En el 2005, los servicios de salud privados fueron casi el 20% del presupuesto de servicios médicos de la Caja, principal comprador del Estado.
Una investigación de este diario encontró que desde hace más de 10 años la Caja presta dos edificios a Coopesaín y Coopesalud, sin cobrar alquiler o exigir a cambio rebajas en las tarifas.
Gastos de mejoras y mantenimiento también han corrido por cuenta de la Caja, la cual desconoce el valor de los inmuebles y cuánto puede cobrar de alquiler.
El de la clínica de Barva, cedido a Coopesiba y ubicado fuera de la Gran Área Metropolitana, asciende a ¢2 millones mensuales, según la Municipalidad de Barva. La edificación pertenece al municipio, que lo prestó a la CCSS en 1996 y tiene varios meses intentando cobrar el alquiler.
Sin costo. Las tres empresas además han recibido más de 2.300 piezas de equipo, que incluyen desde tarjeteros y ventiladores hasta ambulancias y máquinas de rayos X, cuyo valor contable cuando se entregaron en los últimos años era de ¢130 millones.
Por ejemplo una silla de metal y una camilla ginecológica, según la Caja, valían ¢100 cada una, mientras un glucómetro (aparato para medir la glucosa) costaba ¢12,5 y un sofá ¢300.
Hoy la Caja considera que el valor de estos bienes es ¢0.
El presidente ejecutivo, Eduardo Doryan, dijo estar "molesto" de que la Caja ignore el valor de su propia infraestructura y equipo.
“He instruido inmediatamente para que se haga una evaluación pormenorizada de la infraestructura y del equipamiento que está a cargo de las cooperativas”, afirmó.
Doryan agregó que el resultado se tomará en cuenta para fijar las tarifas a pagar en el 2007.
La Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca, aporta sus propias instalaciones y en general cobra menos que las cooperativas. Coopesana, en Santa Ana, también usa sus propias oficinas y no recibió equipo, pero datos de la Caja indican que varios años no fue la más cara.
La Auditoría ha advertido que no es deber de la Caja aportar los edificios, y la Contraloría recientemente ordenó regular la situación.
Pese a ello, René Escalante, gerente administrativo bajo cuya tutela están la negociación y evaluación de los contratos desde 1997 defendió la situación. Según él, el presupuesto asignado a estas empresas “es muy similar” al que se da a las unidades de la CCSS.
Pagos. La Caja contrató discrecionalmente a las cooperativas en 1997 y ha ignorado múltiples peticiones de respetar la ley de contratación administrativa.
A la complacencia con que la Caja ha tratado a las cooperativas, se suma el pago de beneficios no contemplados en los contratos.
La Contraloría denunció que en 1999 se les pagó ¢40 millones en “incentivos” y ¢194 millones más en ajustes y pagos no previstos.
Del 2000 al 2005, les cobró 7% en gastos administrativos por la venta de medicinas, pero a otra firma le exigía 11%. El descuento costó ¢140 millones, según la Contraloría.
Escalante dijo que los incentivos son gastos asumidos por la Caja cuando el Ministerio de Salud se retiró de los proyectos, y que todos los pagos se destinaron a mejoras, se ajustan a la ley y fueron aprobados por los directivos. Las tres cooperativas no se refirieron al tema.