En un repentino cambio de actitud, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, retiró un recurso de amparo contra la investigación que le seguía la Contraloría General de la República (CGR).
De esta forma, Arias se somete al órgano fiscalizador para seguir con las pesquisas sobre el descontrol en las consultorías pagadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El desistimiento lo presentó el 2 de junio y cinco días más tarde el caso fue archivado por la Sala Constitucional.
Tras consultas realizadas ayer por La Nación, el ministro Arias envió un comunicado de prensa para justificar el retiro de la gestión. Lo hizo luego de regresar al país, proveniente de Italia.
Según el documento, Arias interpuso el amparo por considerar que el procedimiento presentaba vicios que violaban "su derecho de defensa".
Entre estos señaló que no se especificaba cuáles eran los fines de la investigación y además que se cuestionaban fondos donados por un organismo público internacional (el BCIE).
A su juicio, los vicios desaparecieron una vez que la Contraloría le aclaró que la investigación “versa única y exclusivamente sobre las presuntas debilidades de control interno detectadas en el estudio de fiscalización”.
El caso La CGR abrió el procedimiento administrativo el 2 febrero y el 26 de ese mismo mes Arias interpuso el recurso de amparo.
Tan solo un día después, la Sala acogió para estudio el recurso. Con esta medida, la Contraloría quedó impedida para dictar una resolución final.
Además, debió cancelar la audiencia pública convocada para el 10 de marzo en la cual Arias daría explicaciones sobre la contratación de servicios por un monto de $2 millones entre 2006 y 2008.
Con el desistimiento, la Contraloría podrá continuar con el procedimiento administrativo y fijarle nueva fecha a la audiencia.
Primero, debe ser notificada por la Sala Constitucional.
La investigación. El procedimiento administrativo que abrió la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General intenta determinar si hay o no responsabilidad del ministro y hermano del Presidente de la República por la falta de control en la contratación y pago de asesorías donadas por el BCIE.
Los hechos están contenidos en dos informes del 22 de octubre del 2008 y el 10 de febrero pasado.
Desde el principio, Rodrigo Arias sostuvo que le estaban aplicando en forma inadecuada normativa sobre control de fondos públicos y que el dinero del BCIE no era público.
Empero, también desde el principio, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría fundamentó que lo que estaba en juego eran “preceptos de transparencia, rendición de cuentas y debilitación de control del sistema de control interno.
“Para efectos de la eventual responsabilidad administrativa, no es relevante la naturaleza de los fondos, sino que la gestión de las contrataciones se produzca como consecuencia obligatoria de la actividad operacional del ente público”, explicó en febrero la Contraloría General.
Para el ministro Rodrigo Arias, no es hasta ahora que ese aspecto queda claro.
De ser encontrado responsable, la Contraloría podría recomendar alguna sanción, pero sería el propio mandatario, Óscar Arias, quien tome la decisión.