Lima (DPA). Dirigentes cívicos de la provincia peruana de La Convención, en la que está el rico yacimiento gasífero de Camisea, decidieron hoy que la huelga de 72 horas que debía terminar a la medianoche, y que tiene entre sus demandas la no exportación de gas a México, se prolongue en forma indefinida.
"Como no hay respuesta del gobierno a las demandas, no nos quedó otra salida que ampliar el paro hasta que una comisión con el primer ministro (el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén) llegue a Quillabamba (la capital provincial) para iniciar el diálogo", dijo el presidente del comité de huelga, ver Gamarra.
La decisión fue tomada en momentos en que la protesta comienza a presentar episodios de violencia. Un grupo de manifestantes apedreó e intentó incendiar la noche del miércoles la sede de la gobernación (representación del gobierno central) y amenazó con hacer lo mismo con otros edificios públicos, y previamente se habían producido bloqueo de carreteras y tomas de locales.
La Convención, provincia de unos 200.000 habitantes en el departamento de Cusco, comenzó su pelea con el argumento de que un nuevo ducto que se planea construir afectará la reserva natural Megantoni, pero luego añadió otros puntos, como el alto precio que pagan los lugareños por el gas pese a que sale de su suelo, o la "irregularidad" de exportar sin que supuestamente esté probado que hay gas suficiente para atender la demanda interna.
El gobierno ha prestado oídos sordos a la protesta y Velásquez Quesquén culpó de ella a "politiqueros sin argumentos técnicos" que, según él, buscan "chantajear" y quedar bien posicionados para las elecciones municipales de octubre. El jefe del gabinete anticipó que no irá a Quillabamba mientras la presión continúe, lo que sitúa al problema en un círculo vicioso.
Según Velásquez Quesquén, no hay ningún plan que pueda dañar a Megantoni y los peritajes técnicos internacionales demuestran que en Camisea hay gas suficiente para atender la demanda nacional y exportar simultáneamente, por lo que los manifestantes carecen de algún argumnto válido.
Los informes sobre las reservas son puestos en duda por diversos sectores, incluidas fuerzas políticas de izquierda. Los cinco departamentos del sur del país, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno, se han declarado en alerta por considerar que sus pobladores deben tener prioridad en el reparto del gas y los analistas estiman por tanto que lo de La Convención podría ser sólo el inicio de un problema más extendido.