Una propiedad de 516 metros cuadrados frente a la calle principal de San Juan de Tibás, en San José, ha hecho a Norma Aurtenechea librar una durísima batalla durante ocho años.
El terreno lo heredó de su hermana Zulay Aurtenechea, pero en circunstancias anómalas apareció registrado a nombre de otra mujer.
"Esto ha sido destructivo, y se lo dije a un juez: 'Estoy achacosa y envejecida por esto'", expresó.
"La propiedad es lo único que mi hermana tenía; luego se la robaron, pero yo no lo voy a permitir", manifestó ayer la enfermera pensionada de 75 años.
Originalmente, el terreno era cafetales de gran extensión que el esposo de Zulay compró en 1949. De la finca se vendieron varios lotes y solo quedaron los 516 metros cuadrados en conflicto.
Zulay Aurtenechea y su esposo desaparecieron en noviembre de 1979 en un accidente aéreo ocurrido en Changuinola, Panamá, donde residían.
Como sus cuerpos no aparecieron hasta mayo de 1993, hubo que esperar diez años para que se los considerara civilmente muertos, y abrir el proceso sucesorio para repartir sus bienes.
En Costa Rica, la única propiedad de Zulay quedó en manos de su hermana Norma, por decisión de los hijos de la fallecida, quienes viven en el extranjero.
19 años después
En 1998, la nueva dueña es alertada de que la propiedad estaba en venta.
Confundida, realiza investigaciones y descubre que un notario había "resucitado" a su hermana en 1998 alegando que Zulay Aurtenechea era vecina de Venecia de San Carlos y que no estaba interesada en su propiedad.
El notario había dado fe de que Zulay otorgaba un poder a otro individuo. Este "vendió" el terreno por apenas ¢300.000. El valor real era de ¢24 millones.
Con esta información, Norma Aurtenechea interpuso denuncia ante la Fiscalía y el Juzgado Notarial; además, una queja en el Registro Público por la supuesta ayuda ilegal de un registrador.
"Lo que descubrí es que aquí funciona una mafia dedicada a quitarle las propiedades a la gente", declaró la afectada.
Con la denuncia y tras protagonizar una protesta en el Registro (incluso pegó carteles de advertencia a los usuarios), logró que inmovilizaran la propiedad.
En el Poder Judicial, la historia tampoco fue fácil pues afrontó pérdidas de expedientes del proceso sucesorio (para que la reconocieran como heredera), además de dos fallidas audiencias preliminares.
Según confirmó la Oficina de Prensa del Poder Judicial, la causa por estafa -contra tres personas, de apellidos Parini, Molina y Arias- está finalmente esperando fecha de juicio en el Tribunal de San José.