La coordinación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, o entre los propios ministerios e instituciones públicas, no ha sido precisamente una muestra de orden interno y de objetivos claros en estos tres años. En realidad, el Gobierno no les ha prestado atención a las relaciones con los diputados. Internamente, las divergencias han estado también a la orden del día. Tres informaciones de ayer en este campo lo verifican cabalmente.
El titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Randall Quirós, no ocultó ayer su extrañeza por la omisión, en el presupuesto extraordinario del 2005, de una partida de ¢300 millones para la rehabilitación de uno de los tramos del ferrocarril. Pese a esta omisión, ese proyecto prioritario continuará, dadas la asfixia vial y la magnitud de la crisis petrolera. Llama la atención, sin embargo, que, en vista de su importancia y de los recientes anuncios oficiales en este sentido, ocurran estos contratiempos. Por otra parte, no amaina la confrontación entre los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Gobierno -concretamente, el ministro de Hacienda, Federico Carrillo-. Las piedras de escándalo han sido, desde el año pasado, los recursos destinados al sector social y al proyecto de reforma fiscal. En cuanto a lo primero, los diputados del PUSC han pretendido reiteradamente manejar ese presupuesto, así como los bonos de vivienda de interés social. La reacción del Ministro de Hacienda ha sido oportuna y firme. La persistencia de estas divergencias revela, sin embargo, falta de coordinación entre los diputados oficialistas y el Gobierno de la República.
Esa disputa y esa mentalidad han contaminado, en consecuencia, la tramitación del proyecto de reforma fiscal, que el presidente de la Asamblea Legislativa, Gerardo González, ha manejado en forma extraña y hasta antojadiza, a veces como político y a veces como presunto experto en la materia. A estos temas tan importantes para el país se ha agregado la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa.
La falta de coordinación, de orden y de prioridades ha campado así por sus fueros. Si estas cuestiones son de por sí graves, la copa se ha colmado con el anuncio intempestivo, anteayer, del presidente de la República, Abel Pacheco, quien, ante una pregunta de un periodista de Nicaragua, contestó -sin medir el alcance de sus palabras- que el Gobierno planea llevar el diferendo por la navegación de policías costarricenses en el río San Juan a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Pocos minutos antes, el canciller, Roberto Tovar, se había abstenido, por prudencia, de referirse a este tema tan sensible. No sería, sino hasta el 27 de setiembre, según expresó, cuando expondría oficialmente la posición del Gobierno de la República.
El Ministerio de Relaciones Exteriores había laborado, en estos años, responsable y esmeradamente, a fin de presentar una posición acorde con el interés nacional. No hace falta ser experto en la materia para saber que todo lo relacionado con la navegación en el río San Juan, que el pueblo y gobiernos de Costa Rica han observado fielmente -sin apartarse un ápice de los tratados respectivos-, forma parte de la política interna de Nicaragua, cuyos gobernantes, políticos y otros sectores lo esgrimen, según su gusto y talante. De aquí, el imperativo de proceder con madurez, prudencia y sabiduría. El presidente Pacheco, sin decir "¡agua va!", ha quebrantado estas normas elementales que -esperamos- nuestra Cancillería logre reorientar en aras del interés público.