El plenario legislativo aprobó ayer una moción en el plan fiscal que sube del 25% al 30% el impuesto de renta a las empresas.
Precisamente, en la legislación vigente las sociedades pagan una tarifa del 30%.
La enmienda al texto en discusión, propuesta por el liberacionista Luis Gerardo Villanueva, contó con el respaldo de Acción Ciudadana, Unión Patriótica, un sector minoritario de verdiblancos y numerosos socialcristianos.
La votación realizada ayer fue muy ajustada: 22 legisladores a favor y 21 en contra. Por eso, el oficialista Mario Redondo confirmó que el martes procurará dar marcha atrás en la decisión del plenario.
Samuel Yankelewitz, presidente de la Unión de Cámaras, dijo que la moción aprobada viola un acuerdo alcanzado en diciembre del 2003 con los sectores sociales (cooperativas, solidaristas, sindicatos, empresarios y partidos) que participaron en la discusión del plan fiscal.
El dirigente empresarial agregó que en esa ocasión se negoció que las empresas pagarían una tarifa del 25% o menos.
"Algunos podrían pensar que mantener la tasa de renta a las empresas en el 30% no las afecta, pero lo cierto es que el mundo avanza y la competencia de las actividades productivas costarricenses se debe analizar a la luz de lo que están haciendo nuestros competidores", advirtió Yankelewitz.
Villanueva sostuvo que el aumento de la tarifa (del 25% al 30%) no afectará a las empresas y tampoco alejará la inversión extranjera.
Agregó que las compañías internacionales invierten en nuestro país por su estabilidad social.
Rodrigo A. Carazo, de Acción Ciudadana, manifestó que en el plan fiscal se pretendía dar a las empresas un "regalo inesperado", en alusión a que se rebajaba del 30% al 25% el impuesto de renta.
El libertario Federico Malavassi llamó la atención a los empresarios por confiar en diputados que luego cambian las reglas tributarias acordadas previamente.
El oficialista Mario Redondo lamentó que el país se quede atrás en la atracción de inversiones por la "demagogia y la insensatez" de un grupo de parlamentarios.
Una más. Por otro lado, el plenario inició ayer el debate de una moción de José Miguel Corrales que propone un tributo de renta del 30% al excedente tarifario que reciben los cogeneradores privados de electricidad. Corrales comentó que existen dos tarifas para los cogenerados que venden energía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Una es de ¢16 por kilovatio, establecida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y la otra de ¢25, autorizada también por esa entidad con base en un contrato firmado entre el ICE y los cogenerados.
Esa diferencia, según Corrales, genera un sobreprecio de venta que debe ser gravado con el impuesto de la renta.