El Gobierno emitirá en los próximos días un decreto mediante el cual agilizará la obtención de permisos ambientales que se requieren para construir casa o edificio.
Empresarios y jerarcas de varias instituciones relacionadas con el sector de la construcción se reunieron ayer con el presidente, Óscar Arias, para diseñar un plan que elimine trabas burocráticas.
Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, explicó que se decretará estado de emergencia por carencia de recursos que tenga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), encargada de realizar estudios de impacto ambiental de las obras y avalar los permisos de construcción.
"Para visar un plano hay que visitar 30 entidades estatales y presentar 107 documentos; en países desarrollados solo hay que realizar 3 ó 4 pasos", dijo Arias.
El Ministro informó de que varias instituciones transferirán a la Setena personal y recursos debido a que el sector privado califica los trámites ante esta Secretaría como el principal “cuello de botella” para construir.
Además, el Ministro afirmó que esperan dotar de más recursos económicos a la Setena en el presupuesto del 2007 pues esta entidad solo cuenta con tres vehículos.
María Guzmán, secretaria de la Setena, reconoció las carencias de la entidad, principalmente de recurso humano.
Guzmán dijo que actualmente laboran 40 funcionarios en la entidad; sin embargo, estima que debido al auge de la construcción en los últimos años se requiere al menos igual número de personas más para agilizar las funciones.
La funcionaria reveló que de enero a agosto de este año la Secretaría debió efectuar más de 2.000 estudios de impacto ambiental, y espera que durante todo el 2006 la cifra llegue a 3.500 solicitudes.
“Nos urge personal, asesores legales, solo así daremos un mejor servicio”, reiteró Guzmán.
Comisión. Además de fortalecer la Setena, el Gobierno creará una comisión con representantes de la Cámara de la Construcción, el Consejo de Desarrollo Inmobiliario y entidades como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Esa comisión tendrá 15 días para definir un plan de acción que permita comenzar a eliminar trabas o requisitos de construcción.
Jorge Woodbrige, viceministro de Economía, explicó que el Gobierno también coordinará la disminución de trámites con las municipalidades, principalmente las de zonas alejadas donde se presenta un auge de la construcción.