En días recientes, el exministro Juan José Echeverría Brealey, en forma un tanto ligera, se refirió mediante un artículo en La Nación al proyecto de ley propuesto por el diputado José Manuel Echandi, del Partido Unión Nacional, y a la posición sincera y valiente de la doctora María Luisa Ávila, ministra de Salud, por el cual se pretende controlar y paulatinamente eliminar la tenencia de razas caninas peligrosas.
Buena oportunidad nos da el señor Echeverría de explicar a la ciudadanía con detalle por qué apoyamos esta iniciativa del legislador del PUN y cuán honda y seria debe ser la preocupación de quienes desde la función pública, o fuera de ella, están en la obligación de abordar temas tan delicados como el citado, pues las mordeduras de perro constituyen en la actualidad dolorosas realidades para las víctimas.
250 víctimas. En el Hospital Nacional de Niños, el promedio de pacientes atendidos e incluso internados al mes ya asciende a 20 y, desafortunadamente, para fines del 2006, acumularemos alrededor de 250 casos de niños y niñas heridos y lógicamente impactados por agresiones furiosas de canes, sobre todo de razas rottweiler y pitbull.
En las últimas semanas, tenemos que lamentar el fallecimiento de un pequeño limonense de escasos 8 años por el ataque despiadado de un perro. Las imágenes de las rasgaduras en su rostro y extremidades, aparte de las laceraciones internas, no se nos olvidarán jamás, como tampoco será fácil mitigar el dolor de sus familiares y de quienes estuvimos a su lado tratando de salvarle la vida.
Pero también los adultos sufren la violencia de estos animales peligrosos, pues evidentemente ni los dueños ni quienes se dedican al negocio de reproducir y vender estas razas, que poseen características genéticas, de carácter y físicas alteradas para exacerbar su agresividad, pueden controlar las hoy frecuentes y demoledoras circunstancias que se dan cuando atacan a un ser humano, que bien puede ser vecino, desconocido o miembro de la familia propietaria del perro.
No es factible. Pese a esfuerzos aislados, desplegados sobre todo por organizaciones de protección animal, en Costa Rica no existe –ni es posible crearla a corto plazo– la adecuada educación ciudadana sobre la tenencia responsable de perros; así lo demuestra un estudio realizado por Idespo a petición de la Sociedad Mundial de Protección a los Animales en el 2003.
Pero, además de las condiciones inadecuadas en que se mantiene a muchos canes, al provocarles estrés, reiteramos que las características propias de ciertas razas que han sido prohibidas en otras naciones son determinantes en las reacciones violentas de estos animales.
Esperamos sinceramente que la iniciativa de ley prospere y que se coloque en primer lugar de la conciencia, a la hora de discutirla y ojalá aprobarla, la seguridad de nuestros niños y niñas por encima de intereses económicos que no paran mientes en el peligro que representan estos animales para la tranquilidad de la familia costarricense.