San Salvador. Agencias. El 3 de este mes, el presidente Elías Antonio Saca anunciaba en cadena de radio que la lucha de su gobierno contra la delincuencia es prioridad. Ese mismo día mataron a 12 salvadoreños y 500 fueron asaltados a mano armada.
Así de imparable luce la violencia en El Salvador, en donde a los crímenes y robos se suman ahora las extorsiones de las "maras" (pandillas) a empresarios en varias regiones del país.
La tasa de homicidios del pequeño país está entre las más altas de Latinoamérica: 55 por cada 100.000, el doble del promedio en el continente. Solo en agosto fueron asesinadas 370 personas.
Precisamente en el mismo mes, pero del 2004, Saca dijo convencido: “¡Se les acabó la fiesta!”, lanzando una especie de reto frontal a los 17.000 pandilleros que, en ese momento, se creía que había en su país.
Fue ese 31 de agosto cuando el gobierno recién ingresado presentó el plan supermano dura, una iniciativa con la que Saca ofrecía controlar y perseguir al delincuente y proteger a la población con 12.000 agentes de seguridad y cerca de 500 investigadores.
La mano no ha resultado tan dura –y menos súper–, al punto que, sobre El Salvador, parece estarse posando una “Sombra Negra”. Así se denomina un aparente grupo de exterminio de delincuentes que opera en la provincia de San Miguel.
“Hacemos saber que, vista la ineptitud del Gobierno y la inoperancia o complicidad de los cuerpos de seguridad, renacemos para traer la tranquilidad”, advertía un volante bajo las puertas de casas en esa provincia.
En aparencia los de “Sombra Negra” no están solos, pues los medios de comunicación ya hablan también del “Comando Maximiliano Hernández”.
Pero algunos salvadoreños encontraron otra forma de enfrentar la delincuencia: pagar una tasa a las pandillas para comprar el derecho a vivir sin miedo.
“Negociar con delincuentes, con maleantes, negociar con “mareros”, es negociar con el diablo”, dijo el presidente Saca a inicios de semana para mostrar su oposición a esa salida.
Pero los empresarios dueños de autobuses, uno de los grupos más afectados, prefieren no esperar a que el gobierno actúe porque creen podría ser muy riesgoso.
El martes anterior siete personas armadas con pistolas obligaron a un bus a salirse de su ruta, bajaron a los pasajeros y luego asesinaron a balazos al chofer cobrador antes de incendiar el vehículo.