El proyecto de reforma tributaria en Costa Rica se ha centrado en las modificaciones a las leyes tributarias vigentes o en los efectos de ésta en relación con el hecho de buscar una solución estructural al saneamiento de las finanzas públicas.
Cuán fácil puede resultar aprobar –en el actual entorno políticoparlamentario– una reforma tributaria, ha tenido una respuesta que se relaciona con la viabilidad técnico-jurídica de las modificaciones a la legislación tributaria vigente, o con las consideraciones sobre la problemática de la deuda pública, el déficit fiscal y el problema que sea sostenible en el tiempo.
Sin embargo, la mayor o menor facilidad para aprobar una reforma tributaria se encuentra en conexión con lograr una antesala de discusión profunda y consenso previo en la sociedad civil sobre la forma de Estado y el modelo de desarrollo que el país requiere ante los nuevos retos que plantea el siglo XXI.
Como consecuencia que el sistema tributario no es un fin en sí mismo, sino un instrumento del modelo de desarrollo, si este último no se tiene claro, entonces ¿a qué y a quién sirven las reformas tributarias?
Este es un tema del debate nacional que desafortunadamente no se ha abordado del todo, lo cual tiene directa relación con el escenario de la discusión dada la conformación pluripartidista de la Asamblea Legislativa, donde cada una de las fracciones ahí representadas tiene su propio concepto de Estado y su propia visión sobre lo que debe ser el modelo de desarrollo nacional, que termina por permear, por un lado, la agenda programática con que cada bancada preferiría abordar la problemática fiscal y la reforma tributaria, y, por otro, la forma como se encauza la aplicación del procedimiento legislativo.
Considerando este contexto, resulta conveniente ponderar algunas pautas para dinamizar el impulso inicial de la reforma tributaria en la agenda parlamentaria:
Óptica del Poder Ejecutivo: Si bien éste ha demostrado un dinamismo para el diálogo y el acercamiento con otras fracciones políticas, no debe perder de vista que existen otros puntos de agenda con igual grado de importancia para el desarrollo nacional –TLC con los EUA–, por lo que debe buscar un justo equilibrio con otros tópicos, a efecto de no "desbordar" la agenda parlamentaria. De igual forma, tampoco debe obviarse que tanto limita la discusión y la negociación parlamentaria, textos excesivamente concentrados como excesivamente atomizados, que no permiten aprehender si efectivamente se está en presencia de una reforma tributaria que promueve un sistema tributario justo y progresivo, o solo frente a un conjunto de medidas con fines recaudatorios.
Poder Legislativo y sociedad civil. La tarea está no sólo en la madurez de las fracciones políticas para encontrar más puntos de consenso que de disenso, sino también en su capacidad para exponer y convencer a la ciudadanía sobre la inteligencia de los textos propuestos o reformas alternativas.
El gran reto se encuentra en tener claridad sobre los límites y limitaciones de su participación en el proceso de toma de decisiones, en aras del resguardo y respeto a la tradición civilista y democrática que ha caracterizado a nuestro régimen político.
En general, el establecimiento de tributos en un régimen democrático no es un camino lineal, sino que requiere precisamente flexibilidad y capacidad de negociación en un escenario pluripartidista; sin embargo, en el fondo, lo que se estará decidiendo no será solo sobre un conjunto de reformas legales, sino sobre la forma de Estado y el camino del desarrollo por el que se estará optando.