Lamentamos la dimisión del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Jorge Gutiérrez, y celebramos la designación de su sucesor, Pedro Pablo Quirós. Ambos son profesionales de reconocido prestigio, experimentados y con amplia capacidad para dirigir una institución compleja desde los puntos de vista técnico, estratégico y político.
El primero deja sus funciones –según sus propias palabras– por estrictas razones de salud; el segundo, las asume con entusiasmo y sobresaliente visión de futuro para devolverle la salud a una institución agobiada por múltiples retos y desafíos, en un momento crucial para su provenir y en el marco de la discusión legislativa sobre el Tratado de Libre Comercio con EE. UU., Centroamérica y la República Dominicana (TLC). En declaraciones para La Nación, don Pedro Pablo aseguró estar dispuesto a emprender sus nuevas funciones con la promesa de contribuir a fortalecer al ICE interna y externamente, prepararlo para la apertura, mejorar el servicio a los usuarios –aspecto fundamental, agregaríamos nosotros, tan venido a menos– y dotar al país de sistemas más modernos de energía y telecomunicaciones.
El cambio de mando en el ICE le abre nuevas oportunidades al Gobierno para liderar un proceso de modernización más amplio y acelerado, conmensurable con las necesidades productivas y de desarrollo nacional. El país, con TLC o sin él, está en franca competencia en el mercado internacional y debe abrir los monopolios, a sabiendas de que el solo atraso en la aprobación del TLC nos causará perjuicios enormes, en cuanto a inversiones, empleo y comercio. La tarea es vasta. No es suficiente emprender las reformas de los (reducidos) sectores mencionados en el TLC (Internet, redes privadas y telefonía celular).
Para competir exitosamente en los mercados internacionales se debe (urgentemente) incrementar la productividad de los factores de la producción. Eso implica reducir costos y mejorar la amplitud y calidad de todos los servicios, incluyendo electricidad y la amplia gama de telefonía, Internet y, en general, las diversas modalidades de comunicación y demás aspectos tecnológicos, y abrir oportunidades para que empresas nacionales y extranjeras puedan, en igualdad de condiciones, participar como oferentes en el proceso productivo.
Eso obliga a formularse un cuestionamiento fundamental: ¿debe fortalecerse el ICE mediante una prolongación de su posición monopolística sin tener que competir con otros en el mercado nacional o, más bien, a base de incrementar su propia eficiencia y productividad? La respuesta, obviamente, se inclina por la segunda de las interrogantes. Si el ICE se somete a un proceso de evaluación y reforma interna rigurosas, reduce costos y su redundante burocracia, y mejora, además, la calidad y prontitud de sus servicios, se fortalecerá y le hará un bien al país. Si se remansa en el miedo y en los grupos de presión, la tecnología y la realidad internacional lo avasallarán.
El ICE no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio –entre muchos– para satisfacer el fin público. Y lo que debe protegerse, garantizarse, es el fin. Y debe concebirse como una institución pública al servicio de los usuarios y productores nacionales, pero no de sus empleados ni los grupos ideológicos y políticos contrarios a cualquier tipo de apertura o modernización. En ese sentido, las declaraciones iniciales de don Pedro Pablo Quirós son muy alentadoras. El ICE –dice– debe orientarse a establecer amplias redes de convergencia tecnológica. Por ello, entiende la existencia de un operador capaz de ofrecer gran variedad de servicios sin que técnicamente pueda restringirlos, para que la oferta sea lo más abierta posible. Lo apoyamos plenamente. Y esperamos que el proyecto de ley que próximamente envíe el Poder Ejecutivo al Congreso se oriente en esa dirección.