El editorial "El dilema de las zonas francas" (La Nación, 31/7/06) se refiere no solo a las condiciones que deben preservarse para las empresas instaladas en el país dentro de este régimen, y posibles empresas interesadas en invertir en el futuro, sino también a los estímulos que deben orientarse a las empresas nacionales que operan fuera de ese régimen.
Sin duda, una de las prioridades del Ministerio de Comercio Exterior es fomentar la inversión –extranjera y nacional– como vía para generar mayor crecimiento económico, empleo y bienestar social. En este sentido y dados los compromisos asumidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), es imprescindible redefinir la estrategia de promoción a la inversión productiva que brinde condiciones adecuadas para atraer mayor flujo de inversión extranjera, que nos asegure mantener a las empresas instaladas y que también estimule la inversión local.
Esta nueva estrategia debe comprender acciones que van desde asegurar la estabilidad macroeconómica hasta inversiones en infraestructura, simplificar trámites, cambios en el sistema educativo, incentivos permitidos por la OMC y otras. Esto no implica necesariamente avanzar a una única ley de inversión, sino más bien trabajar en varios frentes y coordinadamente con las distintas instancias del Gobierno para que se cumplan las condiciones requeridas.
Régimen de zona franca. El Ministerio de Comercio Exterior, como una de sus responsabilidades, ha revisado el estado actual del régimen de zona franca para identificar algunas modificaciones que se podrían implementar para dar continuidad a este mecanismo y cumplir con los compromisos que se han asumido. Para ello precisamente, se están evaluando opciones de cómo avanzar en el corto plazo en las distintas áreas, de forma que los inversionistas tengan seguridad de algunas condiciones con las que contarán a partir del año 2010. Algunas son: modificar los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del régimen; mantener los beneficios actuales del régimen con excepción del correspondiente a la exoneración del impuesto sobre la renta; incorporar algún grado de competitividad en materia tributaria; crear incentivos para empresas que se instalen en zonas de menor desarrollo; incluir créditos fiscales por concepto de capacitación y entrenamiento; y agregar parámetros con el objetivo de fortalecer la vinculación de la empresa de zona franca con la producción local.
¿Por qué es importante darle esta continuidad? Existen unas 200 empresas activas en este régimen, que generan más de la mitad de las exportaciones del país y exportan más de 1.000 productos a más de 100 países. En el 2005, el 52% de la inversión extranjera directa se estableció dentro de este régimen.
Además, cerca de 40.000 personas trabajan en empresas de zona franca, que capacitan a sus empleados y contribuyen así a la transferencia de conocimientos al recurso humano costarricense. En salarios, estas empresas pagaron en el 2005 más de ¢131.000 millones, aportaron ¢33.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social y más de ¢24.500 millones en otros beneficios sociales.
Empresas locales. Es importante mencionar que, como efecto del establecimiento de las zonas francas, se ha logrado que muchas empresas locales se vinculen con los mercados internacionales de forma indirecta. Por ejemplo, tomando como referencia los resultados obtenidos por medio del programa “Costa Rica provee”, de la Promotora de Comercio Exterior, solo en el último año se lograron encadenar por primera vez 164 pequeñas y medianas empresas costarricenses con empresas transnacionales, lo que equivale en esa primera venta a $3,6 millones.
Evidentemente, la reforma al régimen de zona franca es un área en la que hay que trabajar, pero no es todo. Hay que avanzar de forma paralela en acciones que brinden al sector productivo las condiciones necesarias para competir tanto a nivel local como internacional.