El pasado 8 de mayo, el presidente de la República firmó el decreto que declara de interés público los esfuerzos por desarrollar el gobierno digital en Costa Rica. Recientemente, el Presidente me ha honrado al ofrecerme el cargo de secretaria técnica del gobierno digital, reto que acepté voluntariamente, con plena conciencia de la responsabilidad y mucha ilusión.
Fue difícil dejar la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, por múltiples razones, pero principalmente por la calidad humana y profesional de quienes la integran y que son los principales responsables de su transformación y de la excelente imagen de que hoy goza. No tengo dudas de que los proyectos que la Dirección ha desarrollado en los últimos años –en especial el TICA– quedan en las manos más capaces, que sin duda los fortalecerán para beneficio del país.
El proyecto de gobierno digital es un gran reto. Nuestro país necesita con urgencia avanzar en materia de provisión de servicios por vías digitales e integrarse a una transformación tecnológica que está modificando la forma de vida de la gente en todas partes. Paradójicamente, el hecho de acometer esta tarea más tarde de lo que hubiésemos debido hacerlo nos permite echar mano a las experiencias exitosas de países latinoamericanos como Chile o México, para no hablar del caso de naciones europeas o asiáticas.
Existen hoy diferentes visiones de lo que debemos hacer, unidas, eso sí, por un amplio consenso de que es importante pasar de las palabras a los hechos, que es urgente responder a las grandes expectativas sociales por mejores servicios públicos, y que, más que un cambio tecnológico, el gobierno digital implica una profunda transformación del funcionamiento del Estado. El logro de mayor eficiencia y más transparencia en la gestión pública por vías digitales hará aparecer, inevitablemente, voces de crítica y de desaliento, de parte de muchos sectores que prefieren que nada cambie en el Estado costarricense. Nuestra primera misión es vencer esas resistencias con logros concretos.
Cuatro insumos básicos. La estrategia de gobierno digital que se estará presentando en el corto plazo al país se está diseñando con base en cuatro insumos fundamentales que sirven para alejar cualquier tentación a la improvisación. Con la colaboración de la Universidad de Costa Rica y el PNUD se ha realizado una encuesta nacional que identifica los trámites más fáciles y más problemáticos para los costarricenses. Asimismo, se ha llevado a cabo un concienzudo análisis de la oferta y uso de servicios digitales en Costa Rica, un cuestionario y taller con representantes de 24 instituciones públicas y un foro que contó con la participación de cinco expertos internacionales de altísimo nivel, en el cual se analizaron las experiencias de aquellos países en los que se han implementado programas exitosos de gobierno electrónico. Todo ello nos aporta claves importantes para dirigir nuestros esfuerzos hacia las áreas de servicio de mayor impacto y hacia la utilización intensiva de las tecnologías –como la telefonía fija y celular– que pueden ciertamente contribuir a masificar el esfuerzo de digitalización de los servicios estatales.
Los obstáculos de este proyecto transformador no son pocos y los recursos son menos de los que quisiéramos, pero lo importante es empezar este proceso. No podemos dejar pasar las enormes oportunidades que también tiene el país en esta materia: la existencia de plataformas tecnológicas adecuadas, la amplia disposición de los costarricenses a utilizar medios digitales para hacer trámites, la extendida cobertura de telefonía fija y celular en diversas zonas del país, el clima favorable para establecer alianzas con el sector privado y el respaldo político de la Presidencia de la República para echar a andar esta estrategia.
Pero el compromiso del Gobierno no es suficiente. Este proyecto, que es de interés nacional, requiere la colaboración y el compromiso de diversos sectores. Nuestra visión a largo plazo es lograr un trabajo intersectorial, que involucre no solamente a las instancias gubernamentales, sino también a empresas privadas, universidades y organismos internacionales, con miras a impactar la vida del ciudadano común. Porque de eso se trata: de poner al ciudadano de a pie en el centro de los esfuerzos del gobierno digital. Solo así podremos contribuir a generar una ciudadanía más orgullosa de sus instituciones y más dispuesta a respaldarlas en sus esfuerzos cotidianos para darle bienestar al país.