Con el pretexto de una seguridad muy limitada, algunos grupos interesados han presionado en diferentes instancias para lograr la aprobación de un proyecto de ley que autoriza la instalación de agujas y portones en las vías públicas, a fin de controlar el ingreso de personas y vehículos en sus vecindarios y prevenir, supuestamente, acciones criminales.
Los argumentos de algunos diputados en el plenario legislativo, para justificar su voto positivo, evidencian niveles de alienación verdaderamente alarmantes. Entregar las vías públicas, los parques infantiles, las canchas deportivas, las playas nacionales, entre otros, a agencias de seguridad privada, les parece un acto necesario y legítimo frente a la ineficiencia del Estado.
Sin mostrar el menor rubor, afirmaron estos representantes del pueblo costarricense que impedir a una persona transitar por las vías públicas o exigirle reportarse con un guarda de seguridad particular no es una limitación al derecho del libre tránsito garantizado por la Constitución Política.
En la resolución n.º 731-96 de las 9 horas con 21 minutos del 9 de febrero de 1996, la Sala Constitucional rechazó rotundamente esa atrocidad: "El permitir que existan puestos de vigilancia en calles que son de uso público, y que en estos puestos existan vigilantes que sean los que decidan si determinada persona puede transitar o no en esas calles, o ingresar o no a algún barrio o urbanización, es violentar a todas luces la libertad de tránsito de los ciudadanos, lo que esta Sala no puede tolerar".
Delito. Tampoco consideraron que aislar las urbanizaciones públicas con tapias y muros, cerrar con candado la entrada a los parques infantiles de esos residenciales, restringir el disfrute de las áreas verdes y canchas deportivas a adolescentes o impedir el libre acceso a las playas nacionales convertiría prácticamente esos terrenos en propiedad privada, lo que constituye un grave delito de usurpación de bienes de dominio público.
Los muros, las agujas electrónicas y las casetas de vigilancia se agregan a la infraestructura de las ciudades, los campos y las playas nacionales, y con todo ello se crea una nueva estética de la seguridad que transforma precisamente nuestra vida cotidiana. Empezamos a acostumbrarnos realmente a la presencia de guardas armados, a portones que nos cierran el paso, a tapias que nos ocultan el frescor de las áreas verdes, a desarrollos turísticos que nos despojan del mar, las olas y la arena de nuestras playas.
Cada día ayudamos a fortalecer una sociedad más desigual y excluyente, perdemos libertades y derechos, y ni siquiera lo notamos. Mientras vivamos en ese estado de alienación, seremos incapaces de construir la Costa Rica de paz, democrática y solidaria que queremos para nuestras hijas y nuestros hijos.