La comparación entre los puertos del Atlántico y Pacífico, antes y después de la concesión del puerto en Caldera a operadores privados, parece extraída del peor drama tercermundista. Revela el horror y frustración al que hemos estado sometidos los costarricenses por culpa de los dirigentes sindicales, por la deshonestidad laboral de los que ganan aún sin laborar y perciben beneficios inmerecidos, la complacencia de los políticos y administradores que les han otorgado irresponsablemente beneficios ilegales, la irresponsabilidad de los empresarios privados al cohonestar el pago de prebendas, así como la desidia de la Aresep al fijar tarifas (excesivas), sin exigir la debida eficacia en la prestación de un servicio que se debe hacer al costo.
Si se tratara de un proceso judicial en el que se pusieran en el banquillo a los distintos actores que, de una u otra forma, han intervenido en este drama, tendríamos los siguientes hechos probados: primero, los trabajadores del sector público costarricense, cuando quieren, son muy buenos. Es más, pueden resultar tan eficientes, diligentes y responsables como sus homólogos del sector privado, si se los sabe dirigir. Segundo, la baja productividad que a veces exhiben ciertos servidores públicos –y, en particular, los que actualmente laboran en los muelles– no es intrínseca a los trabajadores sino, más bien, a sus patronos, que no los saben dirigir ni orientar, ni están dispuestos a exigir de ellos todo lo que pueden dar. En este caso concreto, tan responsables del desastre portuario son los dirigentes sindicales que han corrompido la buena fe laboral, como los representantes del Estado –miembros de juntas directivas, presidentes ejecutivos y ministros de gobierno– que los han cohonestado.
Pero la lista de los hechos y conclusiones exhibidos a raíz de la concesión va más allá. Es responsable la Aresep, por omisión, al no haber exigido de los puertos mayores estándares de productividad ni menores costos a los usuarios, como bien se demostró que era posible, ni haber establecido, tampoco, tarifas más competitivas en el plano internacional. (Según el experto concesionario de Caldera, los puertos costarricenses están entre los más caros del mundo, por lo que pedirá pronto una reducción en las tarifas. ¿Dónde estuvo la Aresep durante todos estos años?). Y son igualmente responsables, en calidad de coautores desafortunados, los miembros del sector privado que se han prestado a pagar beneficios exagerados (como cuando financiaron el pago a través de cuentas pertenecientes a la Iglesia) y que no han sabido denunciar ni demandar a los responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la irresponsabilidad sindical. En lo que va del conflicto actual en Japdeva, han perdido, ya, más de $10 millones por el tortuguismo. ¿Estarán dispuestos a demandar a los dirigentes sindicales y los demás responsables? Si lo hubieran hecho desde la primera vez, ya, quizás, se habría arreglado el problema.
Sin lugar a dudas, la concesión del puerto en Caldera a las sociedades Portuaria de Caldera y Portuaria Granelera ha sido exitosa. En dos meses de operación, logró mejorar en un 63% el tonelaje de mercancías desembarcas, reducir en un 30% la espera (con costo elevado) de los barcos en bahía, las horas efectivas laboradas, cortar las gollerías salariales, y reducir el número de trabajadores también en un 30%, según reportamos el pasado domingo. Todo esto redundará en beneficios significativos para todos los involucrados: los trabajadores, por tener mejores condiciones y haber recuperado su dignidad; el Estado y las municipalidades, al disminuir sus costos (incluyendo el de las inversiones) y ver aumentada su recaudación; los productores e importadores, al tener menores costos por el trasiego de mercancías, y los consumidores costarricenses, al beneficiarse, pronto, con menores precios por los productos importados. Y también gana el país, en su conjunto, al dar un salto a la modernidad. Dar en concesión los demás puertos a la iniciativa privada, sin excepción, es un imperativo categórico.