Los dos sujetos sorprendidos en la capital con un cargamento de municiones –que salió de una casa en Alajuela– permanecerán en prisión tres meses, según dispuso el Juzgado Penal de San José.
Esos hombres, de apellido Obregón y Martínez, figuran como sospechosos de introducción y tráfico de material prohibido.
Se castiga con prisión de tres a ocho años a quien introduzca al país o trafique armas, municiones o explosivos.
A los sospechosos los detuvo la Fuerza Pública el jueves en avenida 10, San José. Llevaban 6.000 balas y al menos un fusil AK-47.
Horas más tarde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una vivienda en San Antonio de Tejar, Alajuela, donde decomisó 50.000 balas para armas AK-47 y SKS Drogonov, así como 13 cartuchos de un poderoso explosivo fabricado en los países del este europeo, según trascendió.
Ese tipo de armas son prohibidas en el país.
Hecho aislado. El director del OIJ, Jorge Rojas, comentó ayer que de momento no existe conexión entre este caso y la captura –en días pasados– de un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"En esa casa solo encontramos recibos telefónicos y documentos de la persona que vivía en ese lugar (está en fuga).
“No hemos determinado a quién iba dirigido el cargamento", comentó el jefe policial.
Rojas negó que dentro de la casa apareciera una lista con nombres de presuntos blancos de ataque.
La vivienda allanada la alquiló un costarricense hace unos seis meses. La mañana del viernes, horas antes de allanamiento, algunos lugareños vieron al sospechoso con su compañera.
En el momento de la llegada de las autoridades no había nadie en la propiedad.
Las municiones estaban apiladas en unas tarimas de madera, cubiertas con plástico. Los explosivos estaban en un saco.
Existen sospechas de que el arsenal provino de Nicaragua y que tenía como destino grupos guerrilleros de Colombia.
“Nada de eso era para utilizar en territorio nacional”, comentó una fuente judicial cercana a las pesquisas en este caso.