El objetivo de la reforma al sistema de impuestos es uniformar las reglas para todas las empresas.
Propone que el impuesto sobre la renta sea de un 15 por ciento tanto para empresas locales como para las dedicadas a la exportación de productos manufacturados en zona franca. Actualmente se cobra solo a las nacionales, mediante una escala que llega hasta un 30 por ciento.
Aplicarían la corrección monetaria en el cálculo del impuesto sobre la renta. Esto es que las firmas no podrán deducir la totalidad de los intereses de sus ganancias al calcular el tributo, solo la parte real de ellos (excluyendo la inflación).
Se eliminaría el doble pago de impuestos sobre los dividendos. Esto permite a quien recibe los dividendos no volver a pagar si la empresa que se los entregó ya lo había hecho.
Se mantiene la exención del impuesto de ventas a las empresas de zonas francas sobre materias primas. Para bienes de capital, como maquinaria, se aplicaría el sistema de devolución de montos pagados actual.
Las empresas pequeñas acogidas al regimen simplificado seguirán pagando un 10% de renta.
Mantiene las reglas para asalariados y profesionales liberales.