La ministra de Justicia, Mónica Nágel, planteó una tesis jurídica muy inteligente. Apoya la Ley general de la administración pública , según la cual el Registro Público, cuando se ha inscrito fraudulentamente un falso documento, viciado en forma indubitable de nulidad absoluta, previa consulta de la Procuraduría General de la República, debería proceder de oficio o a solicitud de parte, a la cancelación del asiento y a poner de nuevo las cosas en su lugar, garantizando así la propiedad privada, como ordena el artículo 45 de la Constitución Política.
Desafortunadamente, para nuestra seguridad y para el prestigio de Costa, el Registro Público y la Procuraduría General de la República no aceptan la inteligente idea y por ende no respetaron las promesas que, segura de que estaba cumpliendo con el deber, hizo doña Mónica por la prensa y la televisión con el sano propósito de tranquilizar el país. El fracaso de su esfuerzo tiene proyecciones muy graves no solo para la seguridad de los propietarios, sino también para nuestra débil economía, ya bastante golpeada.
Inesperado despojo. En consecuencia, cualquiera puede encontrarse, de un momento a otro, despojado de lo suyo y, por más torpe que sea el fraude realizado en el Registro, este seguirá defendiendo a capa y espada la inscripción oprobiosa, pese a que la propiedad privada está protegida por la Constitución Política. La víctima del fraude quedará expuesta a graves problemas y tendrá que luchar por muchos años, realizando grandes gastos y sufriendo grandes pérdidas antes de conseguir una sentencia que tal vez le sea favorable.
Los más grave es que las instituciones muy serias estudian el problema y están por pronunciarse sobre si Costa Rica garantiza debidamente o no la inversión y la propiedad. Un pronunciamiento negativo, a tan alto nivel, podría afectar gravemente la inversión extranjera en el país.
Considero mi deber cívico despertar a quienes siguen soñando que sus bienes debidamente inscritos en el Registro Público están seguros. Lo mejor para el país, lo más fácil y práctico, sería apoyar el proyecto que, para salvar la propiedad privada, con criterio patriótico, promueve en la Asamblea Legislativa el diputado Guido Alberto Monge.