Un documento en el cual Estados Unidos señala a Costa Rica varias condiciones de trato al personal de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Guardacostas causó ayer polémica en el plenario durante la discusión de un permiso de atraque de 21 buques norteamericanos.
El oficio fue remitido aquí el pasado 10 de setiembre al ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, por parte de María E. Núñez, directora alterna de Protocolo de la Cancillería.
La denuncia fue hecha por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Rodrigo Alberto Carazo. A él se unieron sus compañeros de bancada, así como el liberacionista José Miguel Corrales.
Según Carazo, las condiciones solicitadas por los estadounidenses transgreden las normas constitucionales y la soberanía de nuestro país.
Consideró inaceptable que los militares y tripulantes de las embarcaciones tengan libre movilidad en Costa Rica. Además, que puedan ingresar sin pasaporte ni visa.
Criticó la renuncia jurisdiccional que hace el país a formular reclamos por daños, destrucción de la propiedad, lesiones o muertes de nacionales.
No se votó
Aunque ayer estaba previsto que se votara el permiso, la denuncia formulada por Carazo impidió ese trámite.
Es más, los diputados del PAC y Corrales exigieron la comparecencia del ministro Ramos y del canciller Roberto Tovar.
Una moción en ese sentido fue rechazada por el plenario; sin embargo, el presidente legislativo, Rolando Laclé, confirmó la comparecencia de ambos funcionarios hoy a las 4 p. m.
El Congreso tramita desde el jueves anterior el permiso de atraque y permanencia en puertos nacionales de 21 buques de los Estados Unidos. Las naves podrían ingresar a las aguas territoriales costarricenses entre el 1.° de octubre y el 31 de diciembre próximos.
Las embarcaciones son utilizadas en las operaciones antidrogas que se realizan al amparo del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito, vigente desde el 6 de octubre de 1999.
No es la primera vez que en el actual Congreso se suscita una polémica por el arribo de buques.
En julio pasado el plenario se enfrascó durante una semana en la discusión de un permiso para 38 embarcaciones
En ese momento se objetó que al amparo del patrullaje conjunto se estuvieran incluyendo embarcaciones de guerra.