El Tribunal Supremo de Elecciones no puede lavarse las manos simplemente "enviando al Ministerio Público" el caso de las contribuciones de dudoso origen a los partidos políticos. Como órgano rector de los procesos electorales es responsable de la pureza del sistema y de velar por que se cumpla tanto la letra como el espíritu del Código Electoral. Sobre las donaciones privadas a los partidos políticos el TSE fue, como mínimo, omiso en su acuciosidad.
Si la ley no los facultaba para ir más allá, debió advertir, enérgicamente, sobre los peligros. Sin embargo, en octubre pasado, su presidente, don Óscar Fonseca, se limitó a anunciar, con cierto alivio, que ellos "por dicha" no tenían la obligación de fiscalizar el financiamiento privado de las campañas. Por supuesto, ante esa indiferente actitud del máximo jerarca, el TSE dio por buenos los reportes de donaciones que entregaban los partidos.
Para cualquier televidente era obvio que tan solo los gastos en publicidad excedían los ingresos publicados por los partidos. El Tribunal se hizo, "sin querer", el de la vista gorda. Los partidos políticos, apretados más que nunca por dinero (la contribución estatal se había reducido) buscaron a cuanto donante apareciera sin preguntar mucho quién era ni qué oficio traía. Hoy florecen las consecuencias de la indiferencia.
Los cuatro (sabrá Dios cuántos más existen) cheques publicados confirmaron lo ineficaz de los procedimientos de control y la tranquilidad con que unos y otros irrespetan la leyes electorales. En buena hora el escándalo. Para bien de nuestra, hasta hoy, virginal democracia, no debe reinar la impunidad. Los responsables de este caso han de asumir las consecuencias y, por supuesto, los procedimientos (y la ley si fuese necesario) deben modificarse para la próxima.