La Corte Suprema de Justicia advirtió ayer que no condonará la deuda pública por las inversiones que ha realizado en títulos del sector público.
"Si estamos apuntando que no nos alcanza –el presupuesto–, mal haríamos nosotros en condonar deudas", dijo Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, al final de la sesión de Corte Plena.
Esta reacción se dio ante una solicitud de información del subtesorero nacional del Ministerio de Hacienda, José Adrián Vargas, sobre las inversiones de ese órgano en títulos emitidos por entidades del sector público.
En su misiva, Vargas invocó una directriz del Ministerio de Hacienda que obliga a las entidades públicas a suministrar esa información.
También apeló a la Ley de reestructuración de la deuda pública , que rige desde hace un mes, y que obliga a las entidades del Estado a negociar esas obligaciones.
La Corte advirtió que si bien podía suministrar la información, aclaraba que las directrices de la Autoridad Presupuestaria no le son aplicables.
Según el director ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Jones, los dineros invertidos por la Corte en bonos del sector público rondan los ¢700 millones.
Esos recursos forman parte de un fondo para atender emergencias nacionales.
Además, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial ha invertido ¢72.331 millones en bonos del Estado.
Sin embargo, esos recursos fueron excluidos de las negociaciones de la deuda pública por la propia ley.
Según Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, la independencia presupuestaria del Poder Judicial está consagrada por la propia Constitución Política.
"Los recursos que se nos otorgan son para la administración de justicia. Los fondos del Poder Judicial no pueden ser destinados a la administración pública", dijo el presidente de la Corte.