Dos miembros de la junta directiva del ICE serían de los sindicatos del Instituto. Otros cuatro del Poder Ejecutivo y uno de la sociedad civil. Su nombramiento sería por cinco años.
La Contraloría fiscalizaría los negocios del ICE solo en materia de legalidad y luego de que se concreten.
El ente fiscalizador tendría 15 días para refrendar los contratos del ICE. Si no lo hace, los negocios quedarían automáticamente aprobados.
El ICE decidiría los límites económicos de sus contrataciones.
El Poder Ejecutivo tendría prohibición para fijar los límites de inversión al ICE o solicitarle que genere recursos para el fisco.
El Ejecutivo le demandaría al ICE un pago anual por explotar el espectro radioeléctrico y por las concesiones de agua para plantas de generación de energía.