¿Quién es el hombre detenido ayer en Curridabat durante una espectacular acción del OIJ?
Se trata del empresario costarricense Omar Luis Chaves Mora, de 45 años de edad, quien en los últimos meses ha estado donde hay noticia.
Su nombre apareció en las negociaciones que realizó el sacerdote católico Mínor Calvo para adquirir la frecuencia de Radio María, en 1999, y que fue cerrada tras dos años y tres meses de operación por orden del entonces arzobispo, Román Arrieta.
El empresario conoció al cura Calvo a través de Johnny La Touche, dueño de La Fuente Musical, emisora de Cartago de la cual, entre diciembre de 1998 y junio de 1999, Chaves fue propietario del 50 por ciento de las acciones.
Lo anterior, porque el ahora detenido pagó deudas de esa radio por ¢22 millones, según contó La Touche (posteriormente gerente de La Paz del Dial, que reemplazó a Radio María), en un reportaje en este diario.
Otro lío judicial
Cuando el escándalo de Radio María aún movía al país, Chaves se vio involucrado en una causa interpuesta en su contra por el Korea Exchange Bank, precisamente por un lío con una propiedad de 700 hectáreas en Orotina, Alajuela, por la cual es indagado hoy por el Ministerio Público.
En marzo de 1998 ese banco, para cobrarse una deuda por $3 millones, promovió la ejecución de una hipoteca sobre esa finca y planteó una denuncia penal.
Como representante en Costa Rica, el banco coreano nombró al bufete de Eric Jiménez y Asociados, que a su vez contrató al penalista Carlos Ibarra para llevar el litigio.
Así, Chaves y otras personas fueron investigadas por supuesta falsificación de documento, uso de documento falso, fraude de simulación y asociación ilícita.
En la denuncia, los representantes del banco extranjero afirmaban que las ventas e hipotecas realizadas sobre la propiedad no eran legales.
Sin embargo, en marzo del 2001, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional de los denunciados luego de que el banco coreano no envió a Costa Rica ningún representante a dar testimonio o certificar, en persona, si la deuda había sido cancelada o no.
En el pedido de sobreseimiento, el año pasado, la fiscal Mauren Sancho González, de la Unidad Especializada de Estafas, consideró que no existía el grado de convicción suficiente "ni para acusar, ni para sobreseer definitivamente" a los denunciados.