Escribo en respuesta al SOS del Editorial de La Nación sobre la presentación del V Estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica , 2005, año en que fui ministra de la Niñez, como consecuencia directa de la prioridad nacional establecida para esa población.
Prioridad que ahora pide a voces este editorial para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Prioridad que con las acciones tomadas y el liderazgo del PANI plasmado a diario en los medios de comunicación, se trazó el sendero para dar cumplimiento a estos Derechos Humanos de tanta exigibilidad.
Dentro de esas acciones presenté el Informe estatal de cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia , 1998-2003, con anexos al 2005, al Comité Internacional de Seguimiento a la Convención Internacional de los Derechos del Niño en Ginebra. Mereció recomendaciones en calidad educativa y atención al embarazo adolescente. Complacencia ante la baja mortalidad infantil, lo logrado en protección integral, atención a grupos vulnerables, la reforma del Patronato aprobada en el año 2004 y el posicionamiento obtenido con el rango de ministro.
Prioridad que logró la sede del Taller Regional de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité para el próximo noviembre. De ahí la importancia de colocar nuevamente a la niñez como un eje estratégico en el actual Plan Nacional de Desarrollo y acatar lo recomendado para el informe del año 2007.
Cabe deducir que, durante mi gestión, "el esfuerzo realizado por los colaboradores del Estado de los derechos " no pasó a “los anaqueles de las instituciones públicas o de los partidos”. El Patronato Nacional de la Infancia aporta datos a la investigación, utiliza su información y hasta hace poco su coordinadora fue miembro de la Junta Directiva institucional.
Rostro de la pobreza. Consciente de que la pobreza tiene rostro de niñez, el Gobierno anterior instaló el Consejo Nacional de Apoyo a las Familias, para que, coordinado por el Patronato, colabore con el Sector Social a restituir el derecho a vivir sin violencia, exclusión y pobreza. A la fecha tanto el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia como este tan necesario para coadyuvar con la reducción de la pobreza están aún sin convocar.
Mientras tanto el PANI se ha situado como una institución más dentro del Consejo Social actual, y ha reducido así su radio de acción interinstitucional e intersectorial. Pienso que esa tan necesaria “estrategia nacional del más alto nivel” no puede lograrse con un ente rector autónomo y de rango constitucional disminuido. El Patronato no puede ni debe seguir invisibilizado en un Sector Social al que el Editorial asigna ese enorme encargo nacional.
Sí creo que en este momento “el país debe dar un viraje total en sus métodos y en sus objetivos por solidaridad con este sector abandonado del país”. Sería de inmenso valor devolverle a ese 49% de los ciudadanos la prioridad nacional otorgada, ajustándola, por supuesto, a los lineamientos del Gobierno actual.
Pero esto no debe realizarse “por nuestra propia seguridad” ya que los adultos somos siempre responsables del desarrollo integral de nuestra niñez y recogemos lo que sembramos. Debiera realizarse por el derecho inalienable que esta población tiene a una existencia digna con acceso real a las oportunidades existentes.
A manera de SOS, al final de mi gestión quedaron dos Propuestas de Políticas Nacionales de Niñez y Adolescencia 2006-2015 , elaboradas durante meses por funcionarios y consultores especializados para ser revisadas y/o redefinidas por esta Administración. Incluyen todo lo existente en la materia, y sus estrategias se extienden hasta el nivel local para intervenir en los barrios marginales a las personas con alta vulnerabilidad.
El cumplimiento cabal de los derechos de las personas menores de edad no puede politizarse, ser presa de la demagogia ni teñirse de corrupción, como se insinúa en el Editorial. Requiere de la voluntad desinteresada, visionaria y contundente del pueblo entero y de la dedicación auténtica y personalizada de sus dirigentes para concretarse.