Un millón de personas ha pedido ayuda económica al Gobierno desde que se creó el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), en 1998.
Silvia Lara, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), destacó que ese dato permite conocer mejor la magnitud del problema de la pobreza en el país.
Por medio de ese sistema se determina cuáles familias son más pobres y requieren de ayuda.
"Antes la elección de los beneficiarios era a dedo; ahora se es más objetivo en la selección de las personas que viven en condiciones de pobreza", comentó Lara.
Explicó que eso no significa que el millón de personas (un 25 por ciento de la población) registrado vivan en pobreza extrema.
“Los que están incluidos han pedido ayuda, pero no todos califican. También hay gente en extrema pobreza que no está registrada pues vive en comunidades muy lejanas y no va al IMAS a pedir ayuda”, acotó Lara.
Las personas que solicitan apoyo al IMAS son incluidas de inmediato en el SIPO, para hacerles un diagnóstico técnico y determinar si viven en la pobreza.
El estudio incluye ingresos, escolaridad y ocupación del jefe de familia, tenencia de vivienda y posesión de electrodomésticos.
Prioridad
De los registrados, Lara dijo que poco más de 200.000 familias requieren ayuda pues viven en extrema pobreza.
Otras 69.324 familias han acudido por subsidios, pero sus necesidades no son tan extremas.
Este año el IMAS tiene ¢8.215 millones para inversión social.
Según la encuesta de hogares del 2002, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 173.200 núcleos viven en pobreza.
El Gobierno ha dicho que el 20 por ciento de la población es de escasos recursos económicos.
Paúl Soto, coordinador del área de sistema de información del IMAS, indicó que en el SIPO pueden aparecer más personas registradas como pobres, porque se utilizan otras variantes.
“El SIPO no tiene las características de una encuesta o un censo. Es el registro de la población que solicita ayuda”, explicó.
Soto reconoció que se ha pensado en tener una base de datos adicional para incluir a las personas que no califican para recibir ayudas económicas.
El SIPO fue cuestionado en mayo cuando La Nación reveló que uno de cada cinco pensionados del Régimen no Contributivo incumple al menos un requisito para tener derecho a tal beneficio.