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El narco ha tocado puertas

Los tentáculos del narcotráfico han coqueteado con algunas esferas del Poder Judicial.

Agosto de 1994.
Tres agentes del OIJ fueron detenidos por la muerte del finquero Ciro Monge Mena, cuyos restos decapitados aparecieron en un guindo del parque Braulio Carrillo.
Los investigadores –sentenciados a 12 años de prisión– investigaban un caso de narcotráfico.
Junio de 1995.
Dos agentes del OIJ fueron destituidos por apoderarse de un paquete de cocaína –producto de un decomiso–, psicotrópico que lanzaron en un servicio sanitario del edificio central, San José.
Un plomero descubrió el paquete cuando intentaba remover la obstrucción.
Julio de 1995.
La Policía Especial de Apoyo (PEA) detuvo en Sarapiquí a un exagente del OIJ, también involucrado en el caso de Ciro Monge. Le decomisaron implementos para fabricar y empacar droga.
Junio del 2000.
Un exagente del OIJ de Puntarenas fue condenado a 15 años de prisión por tráfico internacional de marihuana. Lo relacionaron con el decomiso de 1.500 kilos de esa planta en la isla Pan de Azúcar, en el Pacífico norte.
Diciembre del 2001.
La Policía detuvo al asistente de un juez en Alajuela como sospechoso de ofrecer información a un grupo narcotraficante a cambio de ¢1 millón.
El funcionario se comunicó con los sujetos dos veces, mediante teléfonos públicos situados en las afueras de los tribunales alajuelenses.
Octubre del 2003.
Un juez del Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón fue condenado a cinco años de cárcel por dictar una resolución que favoreció a dos narcotraficantes mexicanos. Según la ley, solo el Tribunal de Casación podían variar el fallo.
Aún así, el jurista habría influido para que la sentencia se redujera de 18 años a seis. El juez condenado estudió el expediente y ocultó información a sus compañeros de tribunal, quienes resultaron absueltos en esa causa.

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